Gerardo Soria/ El Economista
El sábado pasado tuvo lugar el examen de selección de candidatos para ocupar el cargo de comisionado del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, organizado por el Comité de Evaluación que integran los titulares del Banco de México, el INEGI y el recién creado Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Nadie duda de la seriedad y profesionalismo de Agustín Carstens, Eduardo Sojo y Sylvia Schmelkes, pero por lo que han comentado algunos de los participantes en el examen, éste fue muy complicado pero superficial, algunas de las preguntas son irrelevantes para el sector, no se consideraron los 23 años de evolución de la industria en México y fue extrañamente omiso en temas jurídicos. Sólo un 5% del examen se enfocó en los aspectos legales de las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión.
Este último aspecto es el que me parece más preocupante. No niego que los conocimientos en materia de ingeniería son relevantes, pero no son suficientes. A lo largo de mis 23 años de experiencia en el sector han sido los aspectos legales los que han permitido avanzar o entorpecer el desarrollo de la competencia en México. Saber calcular el efecto doppler o conocer las características de los satélites rusos será de poca utilidad al enfrentar a los capaces y aguerridos abogados de Telmex cuando el Ifetel intente desagregar su red o imponerle una regulación asimétrica. Tampoco serán de mucha utilidad para la emisión de resoluciones que soporten el análisis constitucional y administrativo de los tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
Todo el proceso de selección ha sido tan opaco que los mal pensados ven la mano del Consejo Rector del Pacto por México. Sería una lástima que las cúpulas de los partidos estén intercambiando comisionados por favores políticos, y es que es evidente que Molinar y De Swaan quieren colar a sus cómplices para seguir repartiéndose el pastel. Ni de Swaan ni Lucatero y demás secuaces conocen de leyes y jamás pasarían un examen de derecho.
Algo de esperanza queda ya que siguen en el proceso excelentes abogados de trayectoria intachable, como Gonzalo Martínez Pous, Héctor Olavarría, Gerardo Sánchez Henkel, Carlos Silva o Luis Canchola.
Con tristeza me enteré que expertos calificados y de gran solvencia moral no se presentaron al examen, como Alexis Milo, Salma Jalife o Clara Luz Álvarez.
Mención aparte merece la absurda descalificación de don Carlos Casasús. Nadie en el país ha probado tal entrega y capacidad para el fomento de la competencia en esta industria como él. Fue el artífice de la privatización de Telmex y del Reglamento de Telecomunicaciones de 1990, aún vigente. Fue él el que abrió la industria a la competencia en 1996 y el fundador, contra viento y marea, de la Cofetel. El reconocimiento de todos los que conocemos su trayectoria fue evidente cuando por unanimidad lo elegimos como Presidente del Consejo Consultivo de la Cofetel. Es México, y no don Carlos, quien pierde por esta absurda decisión.
Mi más alta estima, reconocimiento y respeto para don Carlos Casasús. Son pocas las personas a las que México les debe tanto.
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