2019-03-12
El gobierno federal y los legisladores afines del bloque Morena-PT-PES y PVEM están haciendo los últimos ajustes a su reforma constitucional para anular la reforma educativa que logró, en 2013, el Pacto por México. Con ello, se prepara la estocada final a esta reforma del peñanietismo y que provocó muchos conflictos con el SNTE —incluido el arresto de su líder Elba Esther Gordillo— y con la CNTE.
Sin embargo, hay la posibilidad de que el gobierno federal no consiga los votos necesarios — que equivalen a las dos terceras partes del Congreso— para sacar adelante su dictamen de reforma educativa en la Cámara de Diputados.
Y es que la propuesta del gobierno y de varios diputados, aunque bien construida, se trata de posicionar en el centro del espectro político, lo que le genera rechazo con una parte de la izquierda, pero también con una parte de la derecha. Con los más radicales de ambos extremos, pues.
Por el lado de la izquierda más radical, es un hecho que no le va a gustar que el nuevo modelo educativo lópez-obradorista mantenga los exámenes, ahora llamados procesos o concursos, para “la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función magisterial y directiva”. Si bien el reprobar exámenes ya no ocasionará el cese de los maestros, para lograr promociones sí deberán de aprobarlos.
Esta propuesta, por razonable que pare zca, es inaceptable para los liderazgos radicales del magisterio. Entre ellos, de los 258 diputados federales de Morena hay 43 que le rinden cuentas a las asambleas de la CNTE y que no apoyarían esta parte de la reforma.
Entonces, el gobierno debe buscar convencer a los diputados del PRI (47 diputados) o a los del PAN (78 diputados) a efecto de lograr la súper mayoría de dos terceras partes en la Cámara de Diputados.
Pero difícilmente estos partidos van a apoyar una reforma como la que se plantea, misma que “garantizará la educación superior” y, para ello, pretende adoptar medidas que parecerían afectar la operación de cientos de universidades públicas y privadas. Esto, al ordenar desde la Constitución que el Estado “adoptará medidas que aseguren acceso (a la educación superior) y aplicará políticas para fomentar la inclusión de personas, su permanencia y continuidad”.
Ello podría incluso significar una expropiación parcial de las universidades a efecto de que entreguen cierto número de becas (definidas por el gobierno) y/o que se les obligue a cambiar sus requisitos de admisión para poder dar acceso a miles de personas que hoy no pueden acceder a la educación superior.
Otro cambio que la derecha difícilmente va a aceptar es la creación de un nuevo organismo público autónomo que reemplace al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La diferencia es que el actual INEE tiene autonomía constitucional y en el nuevo organismo que van a plantear los diputados, aún sin nombre, estaría sectorizado ante la SEP y su presupuesto dependería también de ésta, lo que reafirma que el gobierno actual no cree en los órganos autónomos constitucionales.
El dictamen de reforma educativa trae retóricamente muchas cosas buenas: amplía la educación desde la etapa inicial, reconoce a los maestros como fundamentales para el proceso educativo, fortalece a las escuelas normales, amplía los programas para lenguas extranjeras e indígenas, pone énfasis en la educación física y el deporte. Y, no menores: hará obligatorio el estudio de la música y establece medidas de carácter alimentario en las escuelas que se encuentren en zonas de alta marginación. Desde luego, falta ver de dónde vendrán los recursos para todo ello.
Es notorio que la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un esfuerzo para tener un dictamen incluyente y para mejorar la educación a todos los niveles en el país. Lo malo es que a veces lo perfecto es enemigo de lo posible y tal como viene el dictamen no parece que tenga los votos para avanzar. Habrá muchas presiones para que la SEP se vaya a los extremos.
La discusión será entre los que busquen que se regalen millonarios recursos, prebendas y plazas al magisterio, y los que quieren dejar intocado el modelo educativo, particularmente el de la educación superior.
Y tristemente, ante falta de consensos, es que seguimos perdiendo tiempo mientras contamos con un sistema educativo público de lo más deficiente. Incluso, ahora nos arriesgamos al peor de todos los mundos: que permanezca la reforma educativa del Pacto por México, pero que las nuevas autoridades nada más no la apliquen. Con lo que tendremos, en materia educativa, seis años tirados a la basura.
