Gerardo Soria/ El Economista
El día de ayer venció el plazo para que los interesados en competir por una plaza de comisionado del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se registraran ante el Comité de Evaluación. Según cifras extraoficiales se inscribieron de dos a cinco mil personas. Ahora, los inscritos tendrá hasta el 5 de julio para entregar la documentación que acredite su cumplimiento de los requisitos.
Los candidatos tienen poco más de una semana para lidiar con las burocracias de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y el Buró de Crédito, y es que entre la documentación que deben entregar se encuentra una carta de no antecedentes penales, la constancia de no inhabilitación para el servicio público, el reporte de crédito especial y las tres últimas declaraciones de impuestos, entre otros.
Los requisitos parecen excesivos pero pueden ser útiles para saber quien es quien. Evidentemente, no queremos que el Ifetel esté integrado por ex delincuentes o ex funcionarios públicos deshonestos, y también es relevante que no estén ahorcados de deudas –lo que los haría presa fácil de la corrupción- o que sus actividades previas hubiesen sido financiadas de manera preponderante por alguna de las empresas reguladas o intereses políticos extranjeros.
Respecto de esto último, sin embargo, el Comité de Evaluación deberá ir más allá de las simples declaraciones de impuestos, que no necesariamente permitirán identificar el origen de los recursos. Por ejemplo, en mi declaración de impuestos el único ingreso proviene de mi despacho de abogados, pero nada dice sobre quienes son los clientes a los que he prestado servicios. Lo mismo pasa con las ONGs y sus miembros. Seguramente en la declaración de impuestos de los representantes de la “sociedad civil”, la fuente del ingreso será la ONG en cuestión, pero nada se podrá saber sobre los patrocinadores de la misma. Es bien sabido en la industria que diversas ONGs son financiadas por algunas de las empresas o por intereses políticos extranjeros. Por ello, coincido plenamente con José Otero y Gabriel Sosa Platas en el sentido de que se debe analizar el origen último de los recursos, lo cual sólo se podrá saber con las declaraciones de impuestos de los despachos u ONGs en los que hubiesen colaborado, e incluso en algunos casos se deberá escalar el análisis uno o dos niveles más.
Otro problema es el examen único de selección, que incluye materias de derecho, economía e ingeniería. Evidentemente los mejores en cada rama tendrán sólo conocimientos muy superficiales de las demás, lo que obligará al Comité a bajar la calidad y profundidad del examen. Esto podría dar lugar a que se cuelen personas de mediana instrucción, como pueden ser comunicólogos o sociólogos. Con un examen así, podemos estar seguros de que los nuevos comisionados no necesariamente serán los mejores hombres con los que México cuenta. Es una lástima.
twitter: @gsoriag
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