2019-01-29
La semana pasada, el presidente López Obrador anunció diversos nombramientos relacionados con los medios públicos adscritos al Poder Ejecutivo Federal, así como de la titular de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Entre otras cuestiones, destaca el hecho de que al momento de iniciar la conferencia mañanera en la que dio a conocer los nombramientos, el presidente dijo de manera inequívoca que se iba “a presentar el programa de comunicación social del Estado mexicano, la integración de todos los medios de comunicación que dependen del Estado”. En ese contexto, el presidente mencionó que en nuestro país “no hay una política de Estado en lo relacionado con la comunicación social que garantice el derecho a la información, entonces se va a crear este sistema, se va a coordinar todos los medios, para que haya una orientación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita”.
De lo transcrito arriba, me quedo con la preocupación de que pareciera que en la administración del presidente López Obrador hay confusión sobre el papel de los medios públicos del Estado. Es verdad que dijo que se tiene el propósito de informar con objetividad, profesionalismo e independencia, pero esos atributos quedan limitados o deformados cuando ese pronunciamiento se circunscribe a la idea del titular del Poder Ejecutivo de que en los hechos estaba presentando un “Programa de Comunicación Social del Estado Mexicano”.
Digo que me quedo con la preocupación porque una cosa es la política de medios públicos y otra la política o programa de comunicación social. No son lo mismo y no pueden ponerse en la misma canasta. La preocupación se confirma o se agrava cuando observamos que uno de los primeros actos en Canal Once en esta nueva etapa es empezar a transmitir la conferencia mañanera del presidente de la República. Si el objetivo es convertir a nuestros medios públicos en algo parecido a la BBC como lo han expresado más de alguno de los actores que abanderan la Cuarta Transformación, no podemos caer en el error de empezar a hacer de éstos vehículos de propaganda de los actos del presidente.
Ahora bien, la figura central para la consolidación de los medios públicos es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), incorporado en la Constitución por virtud de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, del 2013, y creado con la expedición de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en julio del 2014.
Al momento de su creación, el SPR heredó 16 concesiones que fueron otorgadas antes de la reforma de telecomunicaciones al organismo que le precedió, el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA). Ya con su personalidad jurídica propia, obtuvo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otras 14 concesiones, siete en 2015 y siete en 2016. Desafortunadamente, esas últimas 14 concesiones no han iniciado operaciones, a pesar de que el plazo para ello ya fue rebasado desde hace mucho. De hecho, esas concesiones están en riesgo de revocación.
En diciembre del año pasado, el entonces titular del SPR, Armando Carrillo Lavat, solicitó a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados un presupuesto de 1,799 mdp para el ejercicio 2019. De ese presupuesto solicitado, 47.8% (860 mdp) sería destinado a la construcción y equipamiento de esas 14 “nuevas” estaciones de TV. Sin embargo, en el PEF 2019 únicamente se le autorizaron al SPR un total de 508 millones de pesos.
En este contexto, sólo puedo señalar que el reto que enfrenta el nuevo titular del SPR para fortalecer este y para encauzarlo adecuadamente para evitar caer en la tentación de utilizarlo como vehículo de propaganda de la actual administración, es fenomenal.
