2019-01-22
En los últimos dos sexenios la “ordeña” de instalaciones y ductos de Pemex se volvió un negocio multimillonario, creciendo exponencialmente cada año. Para tener una idea de cuánto ha crecido este delito, los datos de la SHCP —de hace tres años— daban cuenta de pérdidas por 31 mil millones de pesos. Ahora, el nuevo gobierno sitúa esta cifra en 66 mil millones de pesos. Esto es un crecimiento de 112% en tres años, de un monto que de por sí ya era grave.
Nadie a lo largo de dos sexenios decidió entrarle al tema: ni el Ejército, ni la Marina, tampoco la Policía Federal, ni mucho menos los gobiernos estatales, en donde ocurre este grave ilícito. Ni el ofrecimiento de que quien parara la merma a Pemex recibiría recursos por el total de lo extraído ilegalmente fue incentivo suficiente para actuar. Si ni recibir recursos por más de 31 mil millones fue incentivo suficiente para que las fuerzas federales atendieran el tema, deja ver el tamaño del monstruo a enfrentar. Miedo, falta de voluntad y de personal, negligencia, corrupción, o una mezcla de todas, son las razones por las que se decidió no actuar.
Ahora el presidente de la República encabeza la lucha contra este grave robo a Pemex. Hace una semana, todas las encuestas apoyaban su decisión, con aprobación mayor a 70%, a pesar del desabasto de gasolina en varias ciudades del centro del país.
Ha sido clave en la estrategia presidencial el análisis de los datos bancarios y de flujo de efectivo en todas las zonas por donde pasan los ductos. Lo encontrado es alucinante. En torno a la ruta de los ductos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ha podido mapear y registrar depósitos millonarios, a diario, y durante meses, a cuentas de bancos, a tarjetas de crédito y pagos a negocios y comercios.
La coincidencia entre ductos y pagos millonarios en efectivo es casi exacta. Se aprecia también que, en los últimos años, acostumbrados a la impunidad, los huachicoleros perdieron miedo a mover sumas millonarias en efectivo. Pero la UIF, a cargo de Santiago Nieto, también ha mapeado otros delitos que se nutren de la impunidad que impera en esas zonas, principalmente trata, secuestro y extorsión.
Este atlas de ductos de Pemex, recursos de procedencia ilícita y otros delitos, nunca se había hecho. En las investigaciones realizadas ya tienen registrados millonarios depósitos, así como la compra de joyas, casas y vehículos. Es de escándalo lo encontrado a ex funcionarios de Pemex y a algunos mandos militares relacionados con la empresa productiva del Estado. Varias de estas decenas de carpetas y mapas de relaciones financieras ya se han presentado a la Fiscalía General de la República. La lamentable explosión en Tlahuelilpan, con sus más de 90 muertos, más de 70 desaparecidos y más de 50 heridos (al día de ayer), obliga a ponerle nombre, apellido y sentencia penal a todos los funcionarios públicos y personas que han lucrado ilegalmente con los recursos producidos por la petrolera y que han generado un espiral de corrupción y muerte en la zona centro del país. Ya no basta con las buenas intenciones. Las muertes presionarán al gobierno a ponerle cara a quienes llevaron al país a esta triste situación. Será una prueba de cómo va a operar la nueva Fiscalía y también de cómo van a procesar el tema los jueces federales. Nadie quiere chivos expiatorios, pero tampoco impunidad. El marco legal vigente para sancionar delitos de procedencia ilícita, incluyendo recientes decisiones de la Suprema Corte, le dan al gobierno una oportunidad para empezar a poner orden en la primera batalla que ellos escogieron. Ojalá lo hagan pronto, pues el tiempo los habrá de alcanzar. Y puede usted estar seguro de que, por las posiciones que tuvieron y relaciones que tienen los hoy indiciados, mucho se va a sacudir a la élite política y empresarial del país.
Cambiando de tema…
Telefonía celular en México: Causó polémica en el sector de telecomunicaciones la afirmación realizada la semana pasada por el presidente de la República, en el sentido de que sólo 25% del país cuenta con servicios de telefonía celular. Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones dan cuenta de que 88.4% de la población (106 millones de mexicanos) tienen acceso al menos a una red móvil de tercera generación. Aunque es claro que alguien le dio mal el dato al Presidente, ello no implica que no deban hacerse mayores esfuerzos por incrementar los niveles de cobertura de telefonía celular y mejorar los niveles de calidad de dicho servicio.
