Eduardo Ruiz Vega
La Razón
La suspensión de las transmisiones de televisión analógica ocurrida el pasado 28 de mayo en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, conocida como el primer apagón analógico de México y América Latina, ha puesto de manifiesto diversos hechos y lecciones de las cuales habrá que aprender.
En primera instancia, se confirma la importancia que tiene para un amplio segmento de la población la radiodifusión, entendida como las señales de radio y televisión de señal abierta y gratuita. La radiodifusión es una actividad de interés público, con función social, que representa para muchas familias mexicanas su única o mejor opción de comunicación. A través de los medios radiodifundidos, estas familias reciben una amplia gama de contenidos informativos, de entretenimiento y cultura.
Es cierto que con el desarrollo de las telecomunicaciones han nacido otras plataformas para la recepción y consumo de contenidos, como la televisión restringida o de paga y la denominada red de redes o Internet. Sin embargo, como lo reconoce la propia exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, el acceso de la población a estas tecnologías de la información aún no puede ser considerado en nuestro país como masivo o “universal” en términos de cobertura o segmentos poblaciones.
La política para la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre o TDT fue dictada desde el año 2004. Esta política planteó un escenario de transición, con transmisiones simultáneas en ambas tecnologías, que se prolongaba hasta el año 2021.
En el 2010 el presidente Calderón publicó un decreto para adelantar la conclusión del proceso de transición o apagón analógico al 31 de diciembre del 2015. El decreto estableció una comisión intersecretarial ad-hoc y diversas acciones que el gobierno federal debería realizar en su conjunto para lograr este objetivo. Fue impugnado en controversia constitucional por el Poder Legislativo y, al no alcanzar la mayoría calificada de 8 votos por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser invalidado, se mantuvo vigente.
Con ello el proceso ya iniciado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones para modificar la política de la TDT continuó para ser concluido con la emisión de modificaciones en mayo del año pasado. La modificación de la política estableció fechas sucesivas para efectuar el apagón en diversas plazas, iniciando con Tijuana originalmente en abril de este año y posteriormente mediante una nueva modificación el 28 de mayo pasado. Este apagón se clasificó como una prueba piloto que hoy se encuentra bajo análisis y escrutinio.
El viernes pasado la Cofetel determinó suspender el apagón analógico en Tijuana para ser reanudado el próximo 18 de julio. La razón fundamental aludida, fue una petición de la autoridad electoral ante el desarrollo del proceso comicial en Baja California. Permanecen otras dudas, sin embargo, como las que han sido planteadas para determinar un método de mediciones confiables de la penetración del servicio entre la población, que al menos debe alcanzar el umbral del 90%.
La reforma constitucional que está a punto de entrar en vigor replica la fecha de culminación de esta importante transición al 31 de diciembre del 2015. Sin embargo, como es lógico, no aborda con detalle qué sucederá con los términos y condiciones de los instrumentos de política actual para lograr el objetivo. Ante el cambio estructural que se avecina en el sector, los resultados y las experiencias obtenidos la semana pasada en Tijuana y la importancia que tiene para la población el servicio, se vuelve imperativo reflexionar a fondo las medidas que deben adoptarse para este tránsito tecnológico de máxima relevancia social.
