2018-12-07
Fue de llamar la atención que no hayan invitado a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el pasado 1 de diciembre, a los titulares de los órganos reguladores de la administración pública central.
Ya se había advertido en este espacio hace algunas semanas respecto del desdén que se percibía de la administración entrante, respecto a la autonomía de los órganos reguladores que forman parte de la estructura del gobierno federal.
Se comentó, en su momento, la iniciativa presentada por el diputado Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena, para quitarle autonomía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con el propósito de volverlos a sectorizar a la Secretaría de Energía (SENER).
Después fue la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quién pidió las renuncias a los comisionados presidentes de la CRE y de la CNH. Hay que recordar que los nombramientos de los comisionados de los reguladores son transexenales, ratificados por dos terceras partes del Senado, y solo pueden ser removidos por causas graves.
Y ahora la ausencia de los reguladores en el acto de toma de posesión solo viene a confirmar que el gobierno de López Obrador pretende anular cualquier contrapeso que le puedan representar estas instituciones a la agenda que se quiera imponer.
Al parecer esto ha pasado tan inadvertido que ni los propios reguladores han salido en su propia defensa. Es una pena ver como este andamiaje institucional que, en concordancia con las mejores prácticas internaciones, se va a derrumbar. Serán de nuevo, en la mayoría de los casos, las secretarías de estado las que centralicen la toma de decisiones.
En otro tema. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó esta semana su tercer informe trimestral de actividades. Son muchos y variados los temas, pero se percibe un sector dinámico y en crecimiento.
Dentro del mismo se incluyó el documento “Visión regulatoria de las telecomunicaciones y la radiodifusión, 2019-2023”. Este documento se abre en cinco ejes centrales: 1. Infraestructura e insumos esenciales; 2. Administración del espectro radioeléctrico; 3. Desarrollo de Internet y regulación de telecomunicaciones en el ecosistema digital; 4. Derechos de usuarios y audiencias; 5. Innovación institucional.
La gran pregunta que queda en el aire es: ¿De verdad esta ambiciosa agenda prospectiva tendrá futuro? Todo apunta a que se quedará trunca en el 2019
