2018-11-21
La semana pasada, como parte del Dictamen de Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobada en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación del morenista Mario Delgado, se decidió incluir en la fracción VIII del artículo 27 en la minuta, que la Secretaría de Gobernación, que estará a cargo de Olga Sánchez Cordero, será facultada para “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Esto implica un cambio sustancial en la política de comunicación pública, porque el control de los medios públicos (léase Notimex, Canal 11, Canal 22, Televisión Educativa, Imer y Radio Educación) no implica el remedo de la BBC de Londres, como se ha dicho, sino la decisión de “tener un multicanal de medios formales para la comunicación del gobierno” para enfrentar a lo que el Presidente estadunidense Donald Trump ha denominado #FakeNews, o lo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como prensa fifí. En ambos casos, el argumento y la crítica se consideran ataques.
La realidad no ha sido distinta. Los gobiernos anteriores han tenido el control de esos medios públicos y no han sido tampoco fuente de contenidos para mejorar la calidad de vida de la población, de hecho, sus contenidos son pobres, sus presupuestos raquíticos y los administran amigos o cercanos pero, a la luz de su adscripción en la Segob, pareciera que los intentan ratificar como medios gubernamentales, no públicos. De hecho, en la Reforma de Telecomunicaciones de 2013, fue uno de los elementos de mayor discusión, y fue desde el Senado que el PT y el PRD, cuya gran mayoría se sumó a Morena, que cuestionó y se sumó a la sociedad para que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) fuera un organismo descentralizado y no sectorizado, con autonomía operativa, de decisión y gestión, para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro.
Pero la nueva intención es relevante porque fue la clara intención del grupo de hacerse de su “grupo de medios” gubernamental. La intervención que tuvo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, en el Encuentro Nacional con Líderes del Movimiento Nueva Esperanza, el pasado 18 de noviembre, en los últimos párrafos de su discurso establece: “Nuestra obligación… es desplegar una estrategia de comunicación directa con la población, de boca a boca, por todos los medios a nuestro alcance, para que la guerra mediática contra nuestro proyecto democrático no impida el consenso social.
“La estrategia de las élites, que instrumentan a través de los medios de comunicación, a raíz de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, es para debilitar a López Obrador y a la coalición Juntos Haremos Historia…
“Nosotros como líderes debemos impulsar una batalla por la verdadera información… un plan para comunicar adecuadamente y hacer un análisis que descubra los subterfugios discursivos que buscan desvalorizar nuestro proyecto… nuestras culturas, nuestros métodos democráticos de consultar…”.
“…debemos crear medios públicos de la población y para la población, a la par que se fortalece la labor de las redes sociales, la prensa escrita, los documentales, las revistas y herramientas mediáticas al servicio de los ciudadanos, de la democracia y la lucha por la justicia social”.
Estos párrafos, acortados por mí, muestran que el objetivo de integrar al grupo de medios del gobierno, con varios canales de salida, es de propaganda gubernamental, no de formación de opinión pública con información veraz y oportuna para todos y de todos los temas. Justo el 1 de noviembre, leí un artículo de la BBC, Beyond Fake News: why the World Service is putting a spotlight on distortion and manipulation, de Mary Helly, subdirectora editorial de Noticias.
En éste se intenta identificar con claridad qué son las noticias falsas o #FakeNews, en un medio no gubernamental que tiene radio, televisión, área de documentales, agencia de noticias, como parte de un esfuerzo de mayor alcance que permite utilizar la amplia plataforma de que disponen, incluyendo a sus investigadores, para “ir más allá” de las falsas noticias y revelar lo que encierran, ocultan o buscan.
Beyond Fake News Season es la plataforma, y considera que el término falsas noticias se ha convertido en un “arma”, se ha vuelto contencioso e inclusive tóxico. En la BBC lo definimos como: “falsa información publicada (hecha pública) deliberada e intencionalmente y compartida para obtener ventajas privadas o ganancias políticas”.
Dicen que se revisará en el Senado la minuta relacionada con el control de la radiodifusión pública por la Segob, como ahora se pretende revisar en Diputados la de la Fiscalía. Me parece que será un ejercicio de ficción, porque la realidad está a la vista y no será la construcción de un conglomerado exitoso y prestigiado por su calidad e independencia del gobierno. Como le comenté arriba, el artículo 6º Constitucional, apartado E, fracción V, establece que el SPR fuera un organismo autónomo y no sectorizado, por lo que ante la afirmación de #AMLO de no dar entrada a violaciones a la constitución, ahora ¿dará su aval para crear el grupo de medios del Estado mexicano, subordinado a la Segob? Veamos qué sucede en la discusión legislativa y mediática esta semana.
DE FONDOS A FONDO
#El IFT modificó y aprobó las condiciones de los Convenios Marco de Interconexión (CMI) presentados por Telmex, Telnor y Telcel, el Grupo de América Móvil, dirigido por Daniel Hajj, en su calidad de integrantes del Agente Económico Preponderante (AEP) en telecomunicaciones, los cuales serán aplicables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
