Esta semana se presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma financiera dada a conocer la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
Se trata, sin duda, de una reforma de enorme importancia que, a través de una transformación del sistema financiero de nuestro país, busca generar mejores condiciones para abaratar el crédito en México y con ello incrementar la penetración de éste en beneficio de las familias mexicanas y de las pequeñas y medianas empresas, que son las que hoy en día enfrentan un entorno más complicado para obtener crédito. El éxito de esta reforma se traducirá, desde luego, en un incremento generalizado en la productividad, o como acertadamente ha acuñado el secretario Videgaray, en una democratización de la productividad. Se trata, pues, de crear mejores condiciones para lograr mejores tasas de crecimiento de la economía mexicana, pero un crecimiento distribuido de manera más equitativa.
La reforma ataca una deficiencia estructural que padece México justamente en términos de la penetración del crédito. Como refirió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México se compara desfavorablemente frente a otros países. Por ejemplo, mientras que a nivel de América Latina el crédito canalizado por la banca comercial al sector privado se ubica en promedio por encima de 50% de Producto Interno Bruto, en México, dicho indicador se ubica en 26%, prácticamente la mitad del promedio latinoamericano. Un comportamiento similar se observa cuando se compara el crédito al sector privado como porcentaje de los activos de la propia banca, pues mientras en Chile se ubica en 72%, en México dicho indicador se ubica en 43 por ciento.
Para lograr un mejor desempeño, se tienen que resolver diversos aspectos que han ocasionado que el sector financiero canalice menos crédito del que potencialmente podría canalizarse a la economía. Están los que tienen que ver con el papel promotor de la banca de desarrollo, aspecto que se aborda como uno de los cuatro ejes en los que está estructurada la reforma financiera. Como segundo eje de la reforma, se busca incrementar la competencia en el sector financiero, estableciendo una prohibición expresa de la venta atada de productos financieros, así como también adecuando las atribuciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para mejorar su eficacia frente a la banca y mejorar la información disponible tanto para los usuarios de los servicios como para las propias entidades financieras.
Asimismo, como parte del tercer eje, se incorporan disposiciones para permitir que la SHCP evalúe periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple, en diversos aspectos relacionados con el papel que estas instituciones deben cumplir en la economía. También se simplifica lo relacionado con el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias. Finalmente, dentro del cuarto eje se prevé la incorporación en el marco legal de las normas para la conformación y calidad del capital.
En suma, se trata de una serie de adecuaciones al marco legal para reducir la asimetría de información entre usuarios y entidades financieras, inhibir prácticas indebidas por parte de la banca, mejorar el desempeño institucional, mejorar el papel del Estado como promotor de la canalización de recursos crediticios y para reducir la incertidumbre que enfrentan los agentes financieros. Un conjunto de medidas adecuadas que deben traducirse en mejores condiciones para todos.
