Guillermo Montero
Diario de México
Así son las cosas; gústele a quien le guste. Aquí, desafortunadamente, poder no es sinónimo de saber. Eso se puede comprobar si se analizan detenidamente algunas de las decisiones que históricamente han tenido grandes efectos sobre personas que ni siquiera tuvieron opción de opinar.
Como país estamos a punto de estrenar legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; pero irónicamente o paradójicamente, quienes redactaron la reforma constitucional que ya fue aprobada por los diputados, los senadores y por lo pronto, el Congreso del Estado de México, son personajes que tuvieron el poder de proponer y lograr cambios a nuestra Constitución, mas no necesariamente saben del tema.
Tampoco se ve que hayan medido con precisión lo que implicarán esos cambios para la gente y para los inversionistas que arriesgan su capital en negocios de telecomunicaciones.
Es más, quienes viven del negocio de las telecomunicaciones y la radiodifusión (los concesionarios) no sólo no pudieron opinar, sino que además tuvieron que mantenerse al margen y no comentar del tema.
Ignorando tratados internacionales de derechos de autor, los redactores de la reforma obligaron a autores a romper la ley y renunciar a su derecho de remuneración por su obra, para entregarla gratuitamente para que otros la puedan vender.
Sin saber de operación de redes, se mandaron al gobierno a operar una red de telecomunicaciones que compita directamente con inversión privada. Sin ver la experiencia internacional crearon un Ifetel tratando de descubrir el hilo negro. ¿Por qué? Porque pudieron.
