Gerardo Soria
El Economista
Debo confesar que el trabajo desarrollado por las comisiones del Senado de la República durante la revisión y análisis de la minuta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia me ha dejado gratamente sorprendido. Los foros convocados por el Senado para que expertos, cámaras empresariales y diversos grupos de la sociedad civil manifestaran con total libertad sus puntos de vista, opiniones y sugerencias fueron un altísimo ejemplo de responsabilidad, pluralidad y democracia. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la atención que los señores senadores nos dispensaron a los que tuvimos el privilegio de participar en este ejercicio, al grado de que muchas de las recomendaciones y sugerencias vertidas durante los foros fueron recogidas por los senadores e incorporadas al texto de la reforma constitucional. No fue un acto para los reflectores ni para simular una consulta cuando ya todo estaba planchado. De verdad, querían (y lo hicieron) modificar los errores y omisiones que traía la minuta de la Cámara de Diputados. Sin alterar el espíritu de la iniciativa del presidente Peña Nieto, el Senado realizó 18 modificaciones de lo más trascendentes. Ordenó la creación de contralorías internas para el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la nueva Comisión Federal de Competencia (CFC) económica, fomentando así la transparencia y la rendición de cuentas. Incorporó la figura de la controversia constitucional con el fin de que dichos dos nuevos órganos autónomos estén sujetos al sistema de pesos y contrapesos que debe regir a toda democracia. Estableció que las resoluciones de la nueva CFC que impliquen la desincorporación de activos y empresas o bien, que impongan sanciones, únicamente se podrán ejecutar cuando la sentencia del juicio de amparo que, en su caso, interpongan las empresas, haya quedado firme. Es cierto que aún quedaron cosas en el tintero y que otras pudieron haberse hecho mejor. Por ejemplo, a diferencia de las resoluciones de la CFG, las que emita el Ifetel no podrán ser materia de suspensión, aún cuando pudieran causar un daño irreparable a las empresas. Veremos cómo aplica el Poder Judicial esta aparentemente draconiana disposición, sobre todo a la luz de nuestro nuevo sistema de protección a los derechos humanos y de control de la convencionalidad. De acuerdo con un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la falta de una competencia efectiva en telecomunicaciones le ha costado a México más de 25,000 millones de dólares al año. Por ello, el esfuerzo responsable de los senadores de la República debe ser reconocido públicamente.
