Eduardo Ruiz Vega
La Razón de México
El Juicio de Amparo es un proceso de control constitucional que se instaura ante los tribunales federales en contra de actos emitidos por las diferentes autoridades existentes en el país, sin importar el nivel de gobierno o poder al que pertenezcan. Es una institución noble que durante décadas fue orgullo de los juristas mexicanos.
Los conceptos básicos en torno al Juicio de Amparo son en realidad sencillos. Una vez agotados los procedimientos ordinarios de defensa ante las autoridades competentes, el particular, sea persona física o moral, puede buscar el amparo y protección de la justicia federal si estima que sus garantías individuales, o derechos básicos, han sido violentadas. Dentro de estas garantías fundamentales se encuentran las garantías de legalidad que se consagran en diversos artículos constitucionales, como son la no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna, la audiencia y el debido proceso legal.
La aplicación del acto que se impugna, denominado acto reclamado, puede ser suspendida como medida cautelar para evitar que el particular sufra un daño irreparable en su esfera de derechos, situación que conllevaría a que el juicio se quedara sin materia. La suspensión del acto reclamado no debe contrariar valores superiores, como el orden público o el interés social.
Con la transformación del Estado Mexicano en rector económico de diversas actividades que antes desarrollaba de manera directa y en muchos casos monopólica, tales como la telefonía, la comunicación vía satélite y los servicios portuarios y ferrocarrileros, entre otros, el uso del amparo creció exponencialmente en procesos relativos al papel de regulador asumido por el Gobierno Federal. El Estado rector se convirtió en un gran generador de normas de aplicación general, es decir, materialmente legislativas y entre los promoventes del Juicio de Amparo aparecieron, cada vez de manera mas frecuente, grandes corporativos solicitando la protección de la justicia federal.
En los últimos años, académicos y autoridades por igual han denunciado un abuso del derecho de amparo. Aducen, y ciertamente es así en algunos casos, que los particulares lo utilizan para obstacularizar cualquier acto tendiente a ejercer la facultad de rectoría y regulación encomendada a los órganos de autoridad. En muchos de estos casos, tratándose de las actividades reguladas a que se ha hecho referencia, los actos son emitidos por los órganos colegiados creados ex profeso para enfrentar los retos de este nuevo arreglo entre gobernantes y gobernados.
Ante la imposibilidad de eliminar el derecho al amparo para algunos, la solución que se debate gira en torno a impedir, por la vía legal, que los actos de ciertas autoridades puedan ser suspendidos. El planteamiento suena sexy en el laboratorio, sin embargo, al carecer de filtro puede ser desastroso en la realidad. Ahí queda como antecedente una nutrida lista de actos arbitrarios que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Luis Téllez y Juan Molinar, con conocimiento de causa de su improcedencia y falta de competencia, fueron emitidos con hígado y capricho. A la postre, gracias a su suspensión y al Juicio de Amparo, estos actos fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todo exceso es malo. Por ello debiera de ponderarse, con seriedad, en qué casos por excepción no procede la suspensión del acto reclamado. La Suprema Corte se adelantó en esta discusión y ya lo hizo tratándose de resoluciones en materia de interconexión de redes.
¿No sería lógico, acaso, que el siguiente rubro sea el relativo a controlar y sancionar a los agentes dominantes y sus prácticas anticompetitivas? Es pregunta…
