Gerardo Soria
El Economista
La semana pasada, habiendo transcurrido 40 días hábiles a partir de la fecha en que se solicitó y corriendo el último día del plazo que tenía la Cofetel para responder a las solicitudes de acceso a la información que se le enviaron (con folios 0912100088112, 0912100088212 y 0912100088312), la autoridad se dignó notificarnos que la información que se le requirió sobre el Proyecto de Cobertura Histórica (Procobhi), al que ya me he referido en este mismo espacio, no se puede entregar por tener el carácter de reservada.
A mí y a cualquier ciudadano normal le indignaría haber presentado más de 25 solicitudes de acceso a la información ante la Unidad de Enlace de la Cofetel y, al menos, cinco recursos de revisión (que pronto serán ocho) en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), por recibir constantes evasivas y negativas de acceso a la información, siempre reservada o confidencial o inexistente, o entregas de información incompleta, incongruente con lo que se solicitó, que además en la mayoría de los casos se resuelven en el último día del plazo máximo previsto por la ley. Pero eso sí, el orgulloso De Swaan repite en sus monólogos que el IFAI reconoció la capacitación de los servidores públicos de la Cofetel en materia de transparencia. Como están las cosas, ya no se sabe quién está más desprestigiado, el IFAI o la Cofetel.
Volviendo al tema del Procobhi, resulta ser que de toda la información que se requirió sobre sus empleados, el financia miento del proyecto, el proceso de selección y actividades de los investigadores, el convenio de colaboración supuestamente firmado con la Universidad de Berkeley, las medidas de confidencialidad sobre los expedientes de concesionarios que fueron revisados, entre otros, solamente pudieron entregar un Memorando de Entendimiento entre el Berkeley Center for Political Economy, de la Universidad de California, Berkeley, y la Coordinación General de Organización y Tecnologías de Información de la Cofetel.
Este documento, firmado por una persona que no acredita sus facultades para representar a Berkeley, confirma que se revisaron todos los datos de los expedientes de todos los concesionarios de radio y televisión, tales como frecuencia, potencia, radiales, direccionalidad, localización y altura de las antenas, retransmisión, número y duración de programas y anuncios, entre otros, con el objetivo principal de fortalecer el proceso de desarrollo democrático en México. ¿Y de cuándo a acá la Cofetel tiene facultades para traer a un centro de investigación extranjero, enfocado en la intersección entre el desarrollo económico y las instituciones políticas, para hacer estudios de democracia en México? ¿Qué no se supone que las telecomunicaciones son un área prioritaria del Estado y que la injerencia de extranjeros en la información confidencial del sector pone en riesgo la seguridad nacional? ¿Qué tienen que ver las frecuencias, potencias, antenas y radiales de los concesionarios en la democracia de México?
Por otro lado, según el memorando del Procobhi, supuestamente todo este proyecto iba a coordinarse por Luz María Sinaia Urrusti Frenk, una estudiante de Berkeley, quien recibió el reconocimiento académico y económico 2012/2013, que otorga el Institute of Business & Economic Research, por su trabajo The Political Economics of Media Capture in México. ¿Así que todo el escándalo por la filtración de información de seguridad nacional era para ayudarle a Urrusti Frenk a hacer su tarea? Me pregunto quién habrá financiado una tarea tan cara, como para contratar al menos seis investigadores de planta en la Cofetel. ¿O es una más de las cortinas de humo de Mony de Swaan para seguir haciendo negocitos con el sector? Con eso de que su patrón, Molinar Horcasitas, quiere que su hermano compre Maxcom y que los extranjeros puedan invertir hasta 100% en radio y televisión… ¿Cuánto valdrá esta inocente información de seguridad nacional para las grandes cadenas estadounidenses? Tal vez Berkeley lo sepa.
