2018-08-31
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ningún servidor público podrá ganar más de 108 mil pesos, salario mensual que se fijó para sí mismo. Además de la eliminación de muchas de las prestaciones con las que hoy día se tienen. Es parte de la austeridad republicana que el gobierno entrante quiere implementar.
Esta decisión ha generado cierto nerviosismo en la burocracia gubernamental, al ver amenazados sus ingresos y muchas de las prestaciones de las que hoy se gozan, como el servicio médico privado, por sólo dar un ejemplo. Y es posible que, de concretarse tal situación, el sector público pierda capital humano al tratar éste de migrar al sector privado.
Esto no es tan preocupante para el sector público central, salvo el tiempo que tomará la curva de aprendizaje para miles de nuevos funcionarios que se estarán estrenando. Sin embargo, donde sí se prenden focos rojos es en los órganos reguladores, por la alta especialidad técnica que deben tener sus trabajadores.
El sistema de pagos y la política monetaria que lleva el Banco de México requiere de perfiles complejos y bien preparados. Al igual que el estudio de los mercados en la COFECE o la asignación y administración del espectro radioeléctrico, en el caso del IFT. Y sólo por mencionar unas de las muchas tareas especializadas que realizan estos reguladores todos los días.
Por ello, si las medidas de austeridad alcanzan a los órganos reguladores, se corre el riesgo de que estas instituciones pierdan el talento humano que se ha venido formando y desarrollando durante décadas. Como ya señalé, este talento no es fácilmente remplazable en el corto plazo; y menos si se ocasiona una desbandada masiva.
En este sentido, me parece que la administración entrante tiene que pensar muy bien qué hacer con el capital humano de los órganos reguladores. Aquí no se puede improvisar funcionarios. Así que, si el personal técnico decide migrar a otro lado, con sueldos y prestaciones del sector privado, se corre el enorme riesgo de dejar inoperantes a las instituciones.
Esperemos que esto no suceda y que las decisiones que tome el nuevo gobierno no afecten el funcionamiento de los reguladores, tan importantes en la vida económica del país.
