Federico González Luna Bueno
El Financiero
A raíz de algunos comentarios de líderes de partidos de oposición, se ha sabido que en el documento que se está elaborando en el Consejo Rector del Pacto por México (CRPM) para reformar la legislación en materia de telecomunicaciones, hay propuestas para desaparecer la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y sustituirla por un órgano constitucional autónomo, lo que podría ser tino de los más grandes yerros cometidos en los últimos años en el sector.
Los órganos constitucionales autónomos, al estar fuera de la administración pública federal, son una excepción al régimen de representatividad en el ejercicio de gobierno que corresponde realizar al Ejecutivo federal. Cuando los ciudadanos elegimos a la persona que asumirá el cargo de Presidente de la República es porque nos interesa que esa persona, precisamente, encabece la función de gobierno, principio que se rompe tratándose de los órganos que nos ocupan.
Gobernar es conducir. Se gobierna porque se asume la responsabilidad, porque se está al cargo. Las telecomunicaciones son una de las partes más importantes de la realidad de nuestro país y su desarrollo eficiente, pronto y en beneficio de la gente, es una gestión de primera importancia. Lo que se plantea en el Pacto por México, según se dice, significa que el gobierno fede ral, en buena medida, se desentienda de las telecomunicaciones, lo que es grave porque: a) contrariamente a lo que se piensa, la designación de los consejeros del nuevo órgano estará sujeta a una intensa negociación política con el lamentable resultado de que las personas seleccionadas serán, en realidad, representantes de cuotas de partido o de intereses políticos determinados (v.gr. el IFE), y b) se tiene la alta probabilidad de que el desarrollo de las telecomunicaciones se desvincule de las políticas públicas de un gobierno el que sea al que le corresponde administrar estos asuntos.
Al ser excepcionales, solamente hay tres órganos constitucionales autónomos: el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Banco de México. En los dos primeros casos la necesidad de su autonomía constitucional se hace casi evidente. Tratándose de Banxico se explica quizá más por la necesidad de tener un ente contrastante con el área de conducción económica y financiera existente en el gobierno federal (SHCP). Afortunadamente aún no surge un locuaz que haya planteado que el gobierno federal deba perder su facultad de conducción directa de los temas económicos y financieros, como ocurriría con las telecomunicaciones.
La autonomía constitucional no conviene aquí porque es innecesaria, además. La Cofetel (o como se le llame) debe tener plena autonomía técnica y de gestión para dictar sus resoluciones, pero no debe salir del gobierno federal.
Regular en el seno de la administración pública federal no es impuro ni mucho menos; por más autonomía que se le dé a la nueva Cofetel, nada garantiza una mejor gestión de las telecomunicaciones si se deposita su conducción en un consejo de notables cuyos verda deros resortes de actuación resultarán al final desconocidos; es mucho mejor pensar en funcionarios serios, capacitados, técnicos y comprometidos con el ejercicio de gobierno, designados por el Presidente de la República (escalonadamente y ratificados por el Senado).
La forma de designación propuesta hará de las telecomunicaciones un rehén permanente de la coyuntura política. Esta industria es central en la función de gobierno. Las políticas públicas para fomentar el desarrollo del sector deben provenir de un análisis de la realidad social y económica que sólo puede hacer el gobierno en turno, bajo su propia visión de país y la manera de entender el futuro. Es decir, de acuerdo a su filosofía política. A eso no se renuncia para dejarlo en manos de un consejo de notables.
La autonomía del órgano regulador de las telecomunicaciones es indispensable, pero no a tal grado que el cambio en el sector se desarticule del resto de las políticas públicas de un gobierno electo por la ciudadanía.
