El Financiero
En una decisión cuestionable, la semana anterior la Cofetel autorizó que una estación de televisión de Mexicali adelantara el apagón analógico de sus transmisiones, lo que, todo indica, conlleva un olvido lamentable del interés público y social propio del servicio de radiodifusión.
Conforme a la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre emitida por la Cofetel, el apagón analógico en Mexicali deberá ocurrir el 26 de noviembre de este año. La propia política contempla que para que ocurra el apagón analógico en cualquier ciudad del país deberá contarse al menos con un 90 por ciento de penetración de televisión digital. Tal porcentaje fue establecido como una medida de defensa de la población en contra de medidas apresuradas, ordenándose que en tales casos deberá posponerse la fecha del apagón analógico.
Como es sabido, la radio y la televisión distan mucho de ser servicios en que prevalece el interés privado; por ley, el interés público se encuentra presente de manera esencial. En forma breve, pero contundente, el artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión prevé: `La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público; por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.`
Según la Cofetel, en el caso del canal 66 XHILA-TV la estación enfrenta situaciones financieras particulares que la autorizarán a dejar de transmitir en formato analógico el 7 de marzo próximo.
La decisión de la Cofetel es preocupante y cuestionable jurídicamente, entre otras, por dos razones: en Mexicali solamente 27 por ciento de los hogares cuenta con aparatos receptores de televisión. La población supera los 950 mil habitantes, lo cual significa que por lo menos 690 mil personas no cuentan en sus hogares con televisores digitales, mismas que resultarán perjudicadas por la decisión.
La autoridad cree que los 690 mil mexicalenses no sufrirán afectación al existir otras seis señales de televisión analógicas, que bien cubren las necesidades de servicio de televisión abierta de la gente. El razonamiento es erróneo por el simple motivo de que la LFRTV no tutela el servicio en cada plaza sin considerar sus componentes. Cada estación es una entidad única e indispensable, y el conjunto de ellas conforman el servicio de radiodifusión, que es el objeto de protección y tutela del artículo 4 citado.
De lo contrario se tendría que una o más estaciones son prescindibles a juicio de los particulares. Para decirlo sencillamente: si se apagan, por ejemplo, cinco de las seis estaciones de televisión analógicas que aún operan en Mexicali, ¿podemos considerar que el servicio de radiodifusión aún se presta atendiendo la función social de este servicio de interés público? Con el criterio selectivo sustentado por la Cofetel nada impediría que ello ocurra.
Y aquí viene la segunda implicación preocupante de la decisión de la Cofetel: ¿Cómo impedirá que el caso Mexicali se repita en otras plazas del país o aun en la misma plaza? ¿Cuál es límite mínimo y adecuado para cada población? Basta ahora que cualquier concesionario o permisionario alegue dificultades financieras para que proceda al apagón analógico adelantado de su estación.
Cabe decir, además, que la gente que carece de receptores de televisión digital es normalmente la de menos recursos económicos, lo cual implica, también, un enorme descuido. Quizá para la Cofetel sean más importantes unos mexicanos que otros (los más pobres).
Dos comentarios finales que derrumban la decisión de la Cofetel: es falso que el rescate de los seis megahercios concesionados sirvan para prestar servicios de telecomunicaciones, pues obvio es que requiere toda la banda liberada y a nivel nacional. Por otro lado, para el 6 de noviembre próximo está contemplado el apagón analógico en Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey, y no se ha dado aún un solo paso para que ello ocurra oportunamente.
¿Cuántas plazas más se sumarán al caso Mexicali y quién tutela a la población?
