Federico González Luna Bueno.
El Financiero
Probablemente el tema que más trabajo ha costado superar en el sector telecomunicaciones es el de la regulación de los operadores dominantes. De hecho, se trata de una tarea pendiente, incluida en la agenda de la reforma legislativa derivada del Pacto por México.
En un estudio recién entregado y que comprende diversos sectores de la economía mexicana, la OCDE hace un análisis importante sobre nuestra economía y da algunas recomendaciones al respecto. Para que no haya lugar a dudas, la organización internacional parte de la base de que la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones `en México:
a) Ha restringido la posibilidad de tener nuevos servicios,
b) Ha dado lugar a precios muy elevados tanto para los consumidores como para las empresas, y
c) Ha impuesto un costo (muy elevado) a la economía`.
`La ineficiencia del marco regulatorio y el contexto de políticas públicas ha (hecho) imposible abordar de manera efectiva las condiciones cuasimonopólicas del mercado`, lo que ha ocasionado que `la inversión per cápita ha sido baja en comparación con otros países de la OCDE, como lo ha sido también la adopción de servicios de comunicación en todos los segmentos de mercado`.
La OCDE toma como ejemplo el caso de los servicios de banda ancha -que el Pacto por México ha planteado que deben consagrarse como un derecho social constitucional- y señala que `durante 2011 el monto promedio que pagaron los usuarios mexicanos por una suscripción de banda ancha fija fue de los más elevados de la OCDE`; casi el doble de lo que pagaron los usuarios de Gran Bretaña, Suecia o Japón. Situación que se ha traducido en una de las penetraciones de banda ancha más bajas entre los países que forman parte de la OCDE; estamos casi en último lugar, sólo por arriba de Turquía.
A partir de las mejores prácticas internacionales, la OCDE hace una importante recomendación (que, por cierto, ya ha sido formulada en el pasado por otros analistas y abogados en México) que consideramos potencialmente muy eficaz.
La recomendación de mérito consiste en que la declaratoria de que un operador tiene poder sustancia de mercado la realice la Cofetel en vez de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), y que sea la propia Cofetel quien establezca la regulación específica al operador de que se trate.
Con este nuevo esquema busca evitarse que la doble ventanilla que opera entre ambos organismos desconcentrados genere espacios que sean aprovechados legalmente por los operadores incumbentes para evitar ser regulados o limitados en su poder de mercado, y que ha impedido el desarrollo adecuado del mercado y de los servicios de telecomunicaciones en México. Tan es así que, a diecisiete años de haber sido expedida la actual Ley Federal de Telecomunicaciones no existe un sólo operador que sea regulado como dominante, no obstante que la realidad cotidiana nos dice que en México existe una concentración de mercados de servicios de voz y datos, como si aún se tratara de un mercado en manos del Estado, no privatizado.
La recomendación de la OCDE tendría el efecto de que la regulación a los dominantes se hiciera en cosa de uno o dos años, en vez de los infructuosos 17 que llevamos.
