2018-07-11
Aún después de la reforma en telecomunicaciones de 2013, se percibe en analistas del sector cierto grado de confusión entre política y regulación de telecomunicaciones. Antes de la reforma, la confusión era más evidente por la duplicidad de atribuciones entre la Subsecretaría de Comunicaciones y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que era un órgano dependiente de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Si bien la Cofetel tenía atribuciones para emitir disposiciones administrativas de carácter general, o bien para resolver desacuerdos de interconexión y llevar a cabo el monitoreo del cumplimiento por parte de los operadores, su autoridad era delegada de la de la SCT, quien tenía la última palabra en materia de otorgamiento, modificación o revocación de concesiones y permisos, en la imposición de todo tipo de sanciones o, incluso, en la revisión de cualquier acto administrativo de la Cofetel. Evidentemente, esa estructura institucional era inadecuada y poco efectiva.
La reforma rehízo por completo el andamiaje institucional del sector telecomunicaciones. Toda facultad en materia de regulación fue trasladada al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al que se le otorgó el carácter de órgano constitucional autónomo encabezado por siete comisionados transexenales e inamovibles, salvo causa grave. Así, se otorgó al IFT la facultad exclusiva de otorgar, modificar o revocar concesiones y autorizaciones, expedir todo tipo de regulación técnica, y verificar y sancionar el incumplimiento de la ley y la regulación por parte de los sujetos regulados. En sectores de alta complejidad técnica que requieren de la interoperabilidad de las empresas, y en los que hay una altísima concentración de mercado por parte de un ex monopolio, la regulación tiene como principal objetivo establecer una cancha pareja bajo condiciones predecibles. Por ello, al IFT también se le otorgó la atribución de ser la única autoridad en materia de competencia económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Por su parte, a la SCT se le confío la política de telecomunicaciones, que no tiene entre sus fines inmediatos la promoción de la competencia ni la determinación de aspectos técnicos u operativos, sino el fomento a la cobertura y la creación de mecanismos de apoyo que permitan dar servicios a los millones de personas que aún carecen de ellos por no ser económicamente rentables para los operadores. En pocas palabras, se trata de fomentar tanta competencia como sea posible e implementar tantas políticas de apoyo gubernamental como sean necesarias. Ya en mi artículo de la semana pasada hablaba del falso dilema entre competencia y cobertura: se requiere de ambas, sin darle a una más valor que a la otra, toda vez que en lugar de confrontarse se complementan.
El trabajo de la SCT en esta administración ha sido excepcional. Los proyectos de la Red Compartida y la Red Troncal pretenden incrementar la cobertura partiendo de una visión de libre mercado en los que la iniciativa privada colabore con el gobierno a través de asociaciones público privadas. Son también destacables los esfuerzos por poner a disposición del mercado los inmuebles de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como derechos de vía en ferrocarriles y carreteras.
El equipo de transición del presidente electo López Obrador ha sido claro en sus proyectos, que lejos de confrontarse con la reforma, la complementan y amplían. Quizá la única inquietud que podemos tener es la aún tímida intención de eliminar la autonomía constitucional del IFT. En el programa Si me dicen, no vengo de Joaquín López Dóriga, transmitido el 6 de julio, el representante de Morena, Mario Delgado, dijo: “Justamente lo que no vamos a hacer […], porque la gente se cansó de eso… de estos nombramientos de amiguísimo de estos organismos autónomos que se supone que el Congreso ratificaba o elegía a los integrantes y se los repartían entre los partidos. Eso es de lo que la gente se cansó y eso lo entendemos muy claro…”
Entiendo la preocupación de Mario Delgado, pero no me parece que la integración del Pleno del IFT haya respondido a intereses partidarios o de grupo; por el contrario, se percibe una clara tendencia al desarrollo del servicio civil de carrera. Todos los que trabajamos en este sector deberíamos defender su autonomía constitucional.
