Gerardo Flores
El Economista
La semana pasada, tuvo lugar una comparecencia de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ante las comisiones unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados. Como ya es su costumbre, en dicha sesión, el Comisionado Presidente de la Cofetel hizo una serie de comentarios sobre algunos temas relacionados con el quehacer de ese órgano regulador, que no dejan de sorprenderme.
Vamos por partes. Al abordar el tema de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la desocupación de la banda de 700 MHz, reconoció expresamente algo que poco se ha discutido en el ámbito mediático: que el hecho de que dicha banda se encuentre prácticamente desocupada en todo el territorio le resta el grado de urgencia al apagón analógico que está en marcha, en comparación con la situación que sí enfrentan otros países o que enfrentaron recientemente.
Ello no significa, desde luego, que lo conveniente sea suspender el proceso de transición a la TDT; sin embargo, tal circunstancia sí tiene impacto sobre el costo financiero al que deberá hacer frente el gobierno federal de cara al apagón analógico, porque entonces no resulta apremiante el uso de los miles de millones de pesos que ha venido destacando la Cofetel.
Justo en este tema, el funcionario emitió expresiones como las siguientes: “En efecto, no es necesario transitar a TDT (pero) rescatemos las concesiones de la banda de 700 MHz para banda ancha, que es mucho mejor que la radiodifusión sin duda alguna”, o “…la otra alternativa es el rescate de la banda, un proceso similar al de la banda de 2.5 gigahercios” (al menos así está citado en una nota de un diario de circulación nacional).
De estas expresiones se desprende de inmediato una confusión seria que agobia al Comisionado Presidente de la Cofetel, por no decirlo de otra manera.
Primero, si bien es cierto que existen 19 concesiones en la frontera norte del país, que transmiten en la banda de 700 MHz, con excepción de dos concesiones en el Distrito Federal, en el resto del país la banda en cuestión está completamente desocupada. Ello quiere decir, para empezar, que la Cofetel podría haber propuesto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el programa de licitación correspondiente de esta banda para las regiones PCS 5, 6 y 8.
La región 5 abarca los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; la región 6, los estados de Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco (con excepción de 12 municipios de este último), y la región 8, los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Coincidentemente, se trata de las entidades con mayor rezago en penetración de redes de acceso de banda ancha. Así que para ayudarlas a salir de ese rezago, la Cofetel podría haber propuesto ya a la SCT licitar esta banda para dichas regiones, publicara el programa correspondiente e iniciar el procedimiento de licitación pertinente. No hoy o hace dos meses, es exactamente la misma situación que prevalecía en septiembre del 2010, cuando hicieron creer al Presidente Calderón que urgía el apagón analógico. Así que la urgencia de poner a explotar la banda de 700 MHz para servicios de acceso de banda ancha en realidad no se refleja en la actuación del órgano regulador.
Incluso, la propia Cofetel podría haber empezado a trabajar en un proyecto de licitación para las nueve regiones en que está dividido el país, sin tener que recurrir a la absurda idea de “rescatar” la banda. ¿Por qué absurda? Simplemente porque si la Cofetel hiciera su trabajo, se habría dado cuenta que se puede programar la licitación, y en la propia convocatoria y bases de licitación, establecer un compromiso de despeje de la banda en las zonas donde esté ocupada para la fecha en que deban entrar en operación las concesiones a otorgar.
Una revisión de otros procedimientos de licitación le habría permitido al Comisionado Presidente de la Cofetel darse cuenta de que en la licitación para acceso inalámbrico de 1997, se previó el despeje de la banda en cuestión, que en aquellas fechas estaba ocupada en algunas zonas por asignatarios de enlaces punto a punto.
Por otro lado, sigue estando sobre el tintero la irregular utilización de recursos del Fondo de Cobertura Social para financiar las visitas a miles de hogares de Tijuana para en su caso instalar decodificadores y antenas para la recepción de señales de TDT. La autorización que hiciera en su momento el comité de dicho fondo no significa necesariamente que la interpretación utilizada para ese fin haya sido legal. Por ello, más que insistir en que se dote de más recursos a este fondo para seguirse de largo con las demás ciudades, la Cofetel debería proponer otro mecanismo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
