Federico González Luna Bueno
El Financiero
Una de las herencias que podría ser causa de continuos dolores de cabeza para la nueva administración federal será el proyecto relativo a la creación de un nuevo sistema satelital mexicano (MexSat), en el que se han comprometido hasta el momento más de 23 mil millones de pesos.
Concebido en el año 2009 por el entonces secretario Juan Molinar, originalmente consideró un gasto de 13 mil millones de pesos. A la fecha, no obstante, el presupuesto para este proyecto casi se ha duplicado, lo que nos hace pensar que desde su concepción este ambicioso programa gubernamental careció de estudios serios y la planeación debida. Por ejemplo, en un inicio se había planteado la construcción de un solo satélite; sin embargo, al tiempo el proyecto evolucionaría a tres satélites.
El lanzamiento de los satélites lleva un retraso considerable; se había considerado que para el año 2012 los tres ya estarían lanzados, colocados y en operación. Apenas el 19 de diciembre próximo se hará el lanzamiento del primero, el que por cierto es considerado el de menor tamaño y complejidad.
Otro punto preocupante es la capacidad excedente de los satélites. Desde que se anunció el programa y sobre todo cuando se reconfiguró éste en el año 2011 (para incluir tres artefactos), resultó extraño que los satélites tuvieran una capacidad de transmisión tan grande. Cabe decir que la razón fundamental para la creación de este nuevo sistema satelital gubernamental fue que las principales dependencias encargadas de temas de seguridad nacional (Sedena, Marina, PGR, Cisen y Policía Federal) contaran con un medio de transmisión exclusivo, nacional, de propiedad estatal, que garantizara la eficiencia, confiabilidad y secrecía de las operaciones.
Sin embargo, rápidamente las autoridades de la SCT de entonces consideraron necesario hacer mucho más complejo el proyecto, y más grande y costoso. Pareciera que cuando se trata de recursos públicos, que aparentemente son de todos y son de nadie, es fácil multiplicarlos, confundir y erogarlos con mucha alegría.
El caso es que las autoridades de la SCT, encabezadas por Molinar, pronto decidieron que los satélites, además de los incuestionables fines de seguridad nacional, también atenderían objetivos relacionados con la cobertura social de las telecomunicaciones y, aún más, prestarían servicios comerciales. Nadie en sus cabales puede criticar que la SCT se avoque a la atención del rezago en materia de cobertura social, pero lo que sí es dudoso, y mucho, son los métodos o vías elegidos por la dependencia.
En el caso particular hay dos cuestionamientos claves: a) en el sistema satelital gubernamental en cierne no habrá capacidad para servicios de banda ancha bidireccional, lo cual, de entrada, lo limita considerablemente para cualquier objetivo a largo plazo de cobertura social, lo que significa que fue el propio gobierno quien decidió llevar servicios de poca calidad a la gente; y b) cuántos miles de millones de pesos le costará al Estado haber sumado estos servicios de cobertura social al proyecto satelital y qué resultados podrían haberse logrado con tales recursos si se hubieran seleccionado otras tecnologías y métodos de financiamiento.
Más cuestionable aún es el hecho de que la SCT haya decidido adicionar al sistema MexSat abundante capacidad para fines comerciales. ¿Ése es el destino que debe darse a los escasos recursos públicos? ¿Competir con las empresas privadas (máxime cuando se las ha incentivado a invertir miles de millones de pesos en un mercado teóricamente sujeto a las reglas de la libre competencia)? Por lo pronto, no se ha informado cuánta capacidad mercantil habrá en definitiva ni cuáles serán los canales de comercialización de la misma.
Estamos ante un proyecto que mezcla objetivos loables e importantes junto con otros seriamente cuestionables en cuanto a su costo-beneficio. Un proyecto en el que fácilmente pueden esconderse tras palabras como soberanía nacional muchas ineficiencias y la erogación cuestionable de dinero público.
