Federico González Luna Bueno
El Financiero
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002 creó el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones teniendo como objetivo incrementar la cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la población de escasos recursos del medio rural y urbano. De esta manera, con cargo al presupuesto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes autorizado para ese año se destinaron 750 millones de pesos.
La creación de este Fondo (que opera a través de un fideicomiso público) coincide con el objetivo primigenio de la Ley Federal de Telecomunicaciones de llevar servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país. Dado que en México se ha tomado la decisión de asumir que la denominada “brecha digital” se intentará solucionar principalmente con el uso de recursos públicos, el Poder Legislativo envió el mandato al gobierno federal para destinar esos recursos a la solución de esta desigualdad social.
Como antecedente inmediato del Fondo existían los programas de telefonía pública mediante agencias o casetas, llevados a cabo con aportaciones públicas y privadas a cargo de los concesionarios de telefonía móvil principalmente (en su oportunidad destacó por el número de unidades instaladas Iusacell, pero también son importantes los programas de Telcel y de Telecomunicaciones de México, organismo público descentralizado).
Según el INEGI, la penetración telefónica fija en México alcanzó, en 2011, un 44.1 por ciento mientras que los usuarios de telefonía celular llegaron a 55.1 por ciento; sin embargo, señala el INEGI, al considerar las distintas modalidades del servicio, según sea de tipo móvil o por línea fija, el 90 por ciento de los hogares tiene al menos un teléfono celular, ya sea como único servicio o en conjunto con uno fijo. De tal manera que la competencia parece estar rindiendo frutos en materia de servicios de telefonía. No obstante, la orientación del Fondo de Cobertura Social en su primera etapa se destinó a la telefonía pública y domiciliar, así como a un Internet de muy baja calidad (incluso dial-up).
Además, la “Estadística de disponibilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los Hogares” (INEGI, Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares, 2011, http://www.inegi.gob.mx) señala que el 94.7 por ciento de los hogares tienen acceso a la televisión (el servicio con penetración más alta) y sólo el 23.3 por ciento de las familias mexicanas cuenta con acceso a Internet. Por lo tanto, pareciera lógico destinar los escasos recursos públicos disponibles para atenuar la brecha digital al servicio que, creciente en importancia para el desarrollo humano, también es el que menos penetración posee.
Ha sido muy discutido en la industria el hecho de que México tenga el índice de penetración más baja de Internet entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A pesar de ello, es indiscutible el hecho de que el acceso a Internet de calidad en las escuelas, unidades de salud, centros de abasto, empresas y hogares contribuye de manera determinante a incrementar los índices de desarrollo humano y a atenuar la desigualdad social.
En las escuelas rurales, en las clínicas comunitarias, en los centros de trabajo, tener Internet puede marcar la diferencia entre una unidad productiva y educativa tradicional y una de excelencia. De ahí la importancia de mecanismos como el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, el uso transparente y eficiente de sus recursos e, incluso, su fortalecimiento y aportación de nuevos recursos por parte del Poder Legislativo.
Vistas así las cosas, este Fondo debiera ser un instrumento de primera importancia en el marco de las políticas públicas de índole social del gobierno federal, particularmente de las que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
