Federico González Luna Bueno
El Financiero
Con frecuencias los gobiernos son malos publicistas de sus buenas acciones. Se pierden en la atención del mar de críticas superficiales y coyunturales que reciben y dejan que otros les dicten la agenda de trabajo. Ése es el caso de una magnífica medida implantada recientemente por la SCT de la que apenas se sabe.
Nos referimos al Acuerdo del titular de la SCT publicado el 28 de marzo de este año, que promueve el uso y aprovechamiento de miles de inmuebles federales para la instalación de infraestructura de redes de telecomunicaciones. Veamos algo de su contexto e importancia.
Actualmente instalar torres para la transmisión de señales de telecomunicaciones es terriblemente complicado, costoso, incierto y tardado. Cualquier operador que pretenda incrementar infraestructura en zonas donde actualmente presta servicios o bien en lugares donde no opera, enfrentará regulaciones municipales y estatales complejas, contradictorias, deficientes y a menudo absurdas.
Tendrá que vérselas con muchos funcionarios que tratarán de obtener el mayor beneficio económico posible; la llegada de un operador de telecomunicaciones es vista con frecuencia por algunas autoridades estatales y municipales como una fuente de ingresos y no como una alternativa de servido y desarrollo para la población. Incluso en ciudades en las que ya existe un marco normativo claro y desarrollado se enfrentan problemas vecinales, ambientales y de desarrollo urbano.
El caso es que, por las buenas o las malas razones, instalar infraestructura de transmisión móvil en nuestro país es muy difícil, lo cual viene a ser un obstáculo preocupante para el desarrollo de los servicios de banda ancha móvil o, lo que es lo mismo, para el futuro de las telecomunicaciones en México.
Se sabe que donde existe infraestructura de transmisión se desarrollan al mismo tiempo los servicios más modernos. En México en el 87 por ciento de las localidades con más de 25 mil habitantes existe infraestructura de banda ancha, en tanto que sólo en el 6 por ciento de las localidades que tienen entre 500 y dos mil 500 habitantes existe esa infraestructura.
Los 90 millones de mexicanos que somos usuarios de los servicios de telefonía celular somos víctimas de este galimatías. Muchas veces la deficiencia del servicio es causada por la saturación de tráfico incremental de telecomunicaciones existente, la cual solamente podrá liberarse con más torres y antenas.
De ahí que sea tan oportuno el Acuerdo de la SCT aludido. Con él se hacen disponibles (vía arrendamiento) más de seis mil 400 inmuebles federales para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en la mayor parte de los municipios del país. La idea es ir agregando poco a poco miles de inmuebles (aún no están incorporados Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, ni las demás entidades paraestatales, mismas que disponen de un patrimonio inmobiliario importantísimo para estos fines).
Así, el Acuerdo es la primera salida importante a una problemática atorada por años y que ha venido generando distorsiones de diversa índole.
Ganan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, los operadores, el desarrollo urbano en México, se combate a lo corrupción y hasta se aporta a la tesorería federal. Según informa la SCT, apenas se han recibido 27 solicitudes de cinco interesados, muy pocas considerando el déficit existente; bueno sería que la SCT promueva y difunda más eficazmente acciones positivas y de largo alcance como la analizada en esta ocasión.
TDT. Hay dos aspectos preocupantes en la próxima licitación que hará la Cofetel para la compra de decodificadores a ser instalados en Tijuana, Baja California, a que nos referimos la semana pasada: el uso de recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, y las dudosas facultades para adquirir y distribuir equipos cuya tarea el decreto presidencial del 2 de septiembre de 2010 atribuye a varias dependencias. Sin ambages, deseamos que existan los estudios jurídicos que den debido sustento a la licitación.
