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Backup / ¿Secretos industriales para los amigos?

Gerardo Soria
El Economista

Tomando en cuenta que no hay rastro de Procobhi en el portal de transparencia de la Cofetel, es imposible saber su objeto o los intereses que oculta.

En vísperas de la licitación para una tercera cadena de televisión -uno de los logros que más enorgullecen a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por el supuesto beneficio que la misma traerá en materia de competencia-, Mony de Swaan ha implementado el Proyecto de Cobertura Histórica (Procobhi), que consiste en la inspección de todos los expedientes de los concesionarios de radio AM, FM y televisión, entre otros, por parte de terceros extraños a la Cofetel con un propósito desconocido hasta para el propio personal involucrado.

En efecto, el pasado mes de septiembre en una visita a las instalaciones de la Cofetel en Iztapalapa, se encontró a un grupo de al menos seis “historiadores” que manifestaron no trabajar para la Cofetel mientras revisaban a detalle los expedientes de los concesionarios de radio y televisión como parte de un proyecto que nadie supo explicar. Así, sin el menor cuidado por los datos personales, confidenciales, memorias técnicas, secretos industriales y demás información propiedad de los concesionarios, se ha venido desarrollando desde hace ya varias semanas una supuesta investigación que incluye aspectos técnicos y operativos que pueden ser muy valiosos a la hora de hacer una licitación a la medida de alguien.

Cabe mencionar que, cuando se solicitó información al respecto a través de la Unidad de Enlace de la Cofetel, la autoridad solicitó una prórroga de 20 días hábiles para “realizar una búsqueda exhaustiva de la documentación en todas las unidades administrativas que pudieran tener conocimiento”. Si la Cofetel no sabe ni por dónde empezar a buscar, ¿qué podemos esperar cuando preguntemos por las medidas de confidencialidad que debió haber impuesto a los supuestos investigadores? Claro, salvo que se tome el tiempo de la prórroga para documentar y prefechar contratos que justifiquen el supuesto propósito de Procobhi.

Lo que preocupa no es precisamente si el presupuesto de la Cofetel ha sido mal gastado nuevamente en servicios innecesarios -ya hemos aprendido a vivir con esa inquietud-, sino que toda la información técnica y operativa que se encuentra en dichos expedientes pudiera llegar a manos de alguno de los postores de las próximas licitaciones, para quien representaría una ventaja indebida frente a sus competidores. Si el control del acceso a dicha información es nulo y los miembros del supuesto Proyecto de Cobertura Histórica han tenido acceso ilimitado para analizar con paciencia el contenido de los expedientes, ¿qué clase de transparencia podemos esperar de las licitaciones?

En ese sentido, tomando en cuenta que no hay rastro del Procobhi en el portal de transparencia de la Cofetel, es imposible saber su objeto o los intereses que oculta. Lo que sí podemos asegurar es que, sean legales o ilegales, la Cofetel está involucrada pues ha dado el acceso total a la información que recaban. No solamente existe el riesgo de que la información sea filtrada a terceros ajenos a los concesionarios para permitirles la participación ventajosa en las licitaciones, sino que también sería peligroso que la propia autoridad convocante elaborara las bases de la licitación de tal manera que favorezcan a alguien en particular, considerando la información que es recabada por los supuestos historiadores de Procobhi y el perfil de los concesionarios actuales. Lo anterior claramente violaría lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que prohíbe lo que comúnmente llamaríamos una licitación “hecha a la medida”; es decir, el diseño de un conjunto de requisitos de tal manera que solamente uno o pocos interesados puedan cumplir con ellos.

Cabe mencionar que, como el propio Presidente de la Cofetel ha indicado, ya ha contratado a diversas empresas para una asesoría que le permita llevar a cabo las licitaciones, por montos superiores a los 2 millones 400,000 pesos, únicamente, por lo que respecta a la asesoría jurídica. Esperemos que, como parte de la costosa asesoría, se le alerte sobre este riesgo y que los asesores y amigos de De Swaan le den algunos tips de transparencia y legalidad, que buena falta le hacen. Mientras tanto, seguiremos al pendiente de los resultados del Proyecto de Cobertura Histórica. Esperamos que valgan la pena, considerando los riesgos que en materia de confidencialidad y protección de secretos industriales se han tomado para su desarrollo.

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