Eduardo Ruiz Vega
La Razón
Como nunca había sucedido, a lo largo de este sexenio que está a punto de concluir, el espacio aéreo utilizado para la comunicación, conocido como “espectro radioeléctrico”, ha sido objeto de atención, que algunas veces raya en obsesión, por parte de gobernantes, analistas, académicos y defensores de los derechos de la sociedad civil.
La apreciación es correcta en lo fundamental: el espectro radioeléctrico es muy valioso para cualquier país, en especial para países subdesarrollados en tecnologías alámbricas como México. Mientras la telefonía fija decrece en todo el mundo, el crecimiento de los servicios y aplicaciones inalámbricos continúa siendo vertiginoso.
Muchas veces hemos escuchado que el espectro radioeléctrico es un “recurso escaso”. Yo precisaría que es un recurso finito, para no caer, como muchas veces lo hacemos, en una lógica como la que ha determinado en las últimas semanas el precio del huevo en detrimento de la economía de las familias que menos tienen.
En efecto, el espectro es finito. Sin embargo, su explotación se da mediante energía electromagnética; energía que la tecnología va transformando para hacer una explotación de este bien público más eficiente. Algo así como segundos, terceros, cuartos, etc., pisos sobre una carretera o vía de comunicación primaria (la frecuencia o banda de frecuencias del espectro).
La importancia o la consciencia de la importancia del espectro para el desarrollo de la economía y la sociedad, ha generado un creciente interés en el valor que tiene dicho bien público. Nuevamente, esto resulta perfectamente lógico, sin embargo, existe una gran pregunta en el aire que había sido resuelta en 1995 con la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y que posteriormente, ante la noción de la importancia estratégica de este bien y los servicios asociados al mismo, volvió a generarse a partir de la experiencia obtenida después de diversas medidas adoptadas por la administración pública federal y por el propio Congreso de la Unión. El cuestionamiento, liso y llano, es ¿Quién debe valuar el espectro?
A mi juicio, hay dos posibles respuestas. La primera, como plantea la Ley Federal de Telecomunicaciones en su articulado y que rigió la licitación de frecuencias iniciada en 1998, es que el mercado debe valuar el espectro a través del mecanismo de licitación pública. La segunda, adoptada en los años subsecuentes, es que el Estado en su carácter de rector de la economía y de administrador del espectro es el encargado de una u otra manera de valuar a dicho bien o de interceder en fijar los parámetros para que la valuación final la dé el mercado (planteamiento que sacaría al clásico económico Adam Smith de su tumba al ver amputada su “mano invisible del mercado”).
La experiencia reciente, en específico lo sucedido durante las denominadas licitaciones 20 y 21 en donde existió enorme disparidad en las pujas obtenidas por el gobierno, unas altas otras bajas, al mismo tiempo que espectro “valioso” quedó desierto en el proceso, obligan a una seria reflexión en torno a la forma de abordar la pregunta que aquí hemos planteado.
Otra reflexión, quizá más importante e ignorada sistemáticamente por el Estado Mexicano es ¿Cuál es el valor que debe buscarse al asignar el espectro, el recaudatorio o el social? Ahí tenemos dos ejemplos de las consecuencias que se generan a partir de la falta de definición en este sentido: las privatizaciones de Telmex y de Satmex, y sus efectos en el mercado y la sociedad mexicana.
