Gerardo Flores
El Economista
El tema del rescate de la banda de 2.5 GHz muestra con nitidez el marasmo en el que se encuentra sumergido México desde hace ya varios años. Una decisión que, analizada sin pasión y sin teorías de complot de por medio, puede comprenderse como una plenamente apegada no sólo a Derecho, sino a las mejores prácticas internacionales.
Sin embargo, hoy México vive secuestrado por un círculo rojo que juzga cada acción de gobierno como una que busca coartar la libertad de expresión, como una que busca favorecer determinados intereses o bien, como una que busca tomar revancha. Hay una tendencia a descalificar las acciones de gobierno con base en argumentos de oídas, en rumores, en repetir lo que otro dijo o escribió -también, sin acreditar o demostrar su dicho.
A menudo, esas expresiones han encontrado terreno fértil en otras voces que, incapaces de investigar por su propia cuenta o, por lo menos, poner en tela de duda lo que se les repite de manera reiterada, dan por buenas las teorías del complot, dan por buenas las teorías de acciones maquinadas para favorecer a determinado grupo o para fastidiar a tal otro. Este proceso va encontrando vasos comunicantes en otras disciplinas de la vida cotidiana, como la política, donde actores desinformados son presa fácil para convertirse en instrumentos de presión.
Para empezar, han habido voces que se han enfocado a cuestionar por qué el gobierno federal no estuvo dispuesto a aceptar un proyecto tan “generoso” para los mexicanos como el denominado proyecto Banda Ancha para Todos que durante algún tiempo publicitó MVS, a manera de presión. Por lo visto, esas voces desconocen lo que ya es una mejor práctica internacional en el caso de esta banda; desconocen que México está siguiendo al pie de la letra lo que ya han hecho varios países: rescatar la banda y licitarla con una nueva configuración o canalización, de manera tal que pueden explotarla cuatro operadores, en lugar de uno. Lo que sí resulta inverosímil es que voces en la Cofetel defiendan un proyecto que implicaría asignar el espectro a un solo operador, opción que resulta insostenible frente a lo que ha hecho una buena cantidad de países.
También están las voces que se han enfocado a calificar la decisión como una “expropiación”. No hay tal. Primero, porque se trata de un bien propiedad de la nación que en ningún momento perteneció a MVS o a los otros concesionarios pequeños que le acompañan, así como tampoco a sus inversionistas. Tampoco implica que la infraestructura de los operadores pase a manos del Estado, simplemente, éste recupera un bien propiedad de todos los mexicanos para destinarlo a un uso más eficiente.
Tampoco es expropiación porque en ningún momento la SCT autorizó a MVS a explotar esta banda para servicios de banda ancha de nueva generación. Por ello, es insostenible que MVS alegue que ha invertido varios millones de dólares en infraestructura para ofrecer el servicio de banda ancha. Allá, MVS sí invirtió en equipos para proveer un servicio que no tenía autorizado.
Están los ahora expertos en valuación del espectro que cuestionan los montos fijados por las autoridades, que además promueven la idea de que dichos montos encarecerían los servicios. Está ampliamente demostrado que, en un contexto de competencia, un inversionista estará dispuesto a ofrecer por el derecho a explotar un recurso escaso o un bien público un monto tal hasta el equivalente al valor presente de las ganancias que, estima, puede llegar a obtener de la explotación del mismo. Permitirle que lo haga por un monto reducido no garantiza que ese ahorro lo traslade a los usuarios vía menores tarifas; en realidad, se trataría de una transferencia de riqueza de los mexicanos a los accionistas de la empresa que obtenga el beneficio de explotar el bien a cambio de una mínima contraprestación. Permitirle a MVS explotar la banda de 2.5 GHz por los próximos 20 años a 0.38% del valor estimado por las autoridades hubiera sido una verdadera e injustificada ganga.
Están, por supuesto, las voces que ahora ponen la decisión de la SCT como una que atenta contra la libertad de expresión. Falso. El tema de la libertad de expresión queda perfectamente salvaguardado desde el momento en que las frecuencias del espectro que justamente explota MVS para difundir contenidos noticiosos y de opinión, las frecuencias de radio en FM, permanecen intactas.
No me sorprende que la izquierda, ávida de aliados, se suba ipso facto al coro de las voces que cuestionan la decisión. Con su postura, tal parece que, en lugar de buscar democratizar la explotación del espectro, prefieren hacerse de la vista gorda y tolerar que un “aliado” pueda acaparar hasta 2.4 veces el espectro que hoy explota Telcel, por ejemplo. Suena un poco incongruente.
