Federico González Luna Bueno
El Financiero
El próximo 24 de agosto vencerá el plazo para emitir comentarios ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) respecto del anteproyecto de Convenio Marco de Interconexión, elaborado por la Cofetel. Para no variar, volvió a ocurrir un choque de trenes entre quienes quieren que las cosas cambien y quienes prefieren que sigan igual.
La interconexión es -aún- la figura más importante de las telecomunicaciones, pues ahí se fijan las condiciones técnicas, de información y económicas conforme a las cuales operarán entre sí las redes de telecomunicaciones, todas ellas. Un convenio de interconexión desequilibrado o leonino puede ocasionar que un operador de telecomunicaciones, como tal, deje de ser viable. Igualmente, si funciona adecuadamente, en condiciones de transparencia y distribuyendo equitativamente los beneficios y las cargas entre las partes, se convierte en un factor clave de cambio y de promoción de la competencia a favor de los usuarios.
Por la interconexión pasa la modernización del sector; por más avances tecnológicos que existan, si éstos no son reconocidos en los convenios entre redes, se crea un dique convencional al cambio.
No hay regulador en el mundo que desconozca que los operadores grandes, los que dominan el mercado, tienen pocos incentivos para celebrar convenios de interconexión y ninguno para ser razonables o justos. Por eso la legislación de telecomunicaciones en general prevé dos cosas indispensables: a) que la interconexión es obligatoria para todas las redes, y b) que el órgano regulador del Estado podrá intervenir cuando los particulares no se pongan de acuerdo. En la negociación de la interconexión sería absurdo y brutal pretender el libre juego de la oferta y la demanda.
Dado que la intervención del Estado es compleja y casuística, las mejores prácticas internacionales recomiendan la emisión de convenios de interconexión tipo, que es precisamente lo que ha venido trabajando la Cofetel al elaborar el CMI. Busca, en pocas palabras, establecer de antemano las condiciones que habrán de pactar los operadores en la interconexión, a fin de evitar el mayor número de diferencias y controversias, al tiempo de amarrarle un poco las manos al operador dominante.
Así, la idea del CMI es positiva, práctica y necesaria; el problema está en los detalles. Aunque las cosas no son necesariamente tan complicadas, ya que existe un enorme bagaje de experiencias internacionales, materializado en resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la OMC, de la Unión Europea, de la OCDE, y de muchos países que han logrado importantes desarrollos tecnológicos y de competencia en sus mercados, como es el caso inglés o el alemán, todo lo cual se ha visto traducido en esquemas o modelos bien delineados. Desgraciadamente, el atraso en materia de interconexión en México es enorme y son pocas las prácticas internacionales que tienen plena cabida.
Es claro que el CMI hace avanzar varios temas pendientes (información, neutralidad, protocolo de Internet, transparencia, etcétera) En sí mismo, el anteproyecto de CMI también puede ser visto como un buen catálogo de prácticas anticompetitivas existentes en el mercado mexicano. Sin embargo, hay dos temas indispensables de que adolece el CMI, que le restan mucha de su eficacia: la desagregación del bucle local y la compartición de infraestructura.
El primero es un principio de la Ley Federal de Telecomunicaciones (43-11), que textualmente establece la obligación de los concesionarios de desagregar sus redes en cuanto a servicios, capacidad y funciones, lo que debe comprender la “última milla”. En cuanto a la compartición de infraestructura, el caso es más delicado pues el CMI lo excluye de los servicios que forman parte de la interconexión, no obstante que el Plan Fundamental de Interconexión del 10 de febrero de 2009, emitido por la propia Cofetel, expresamente la consideraba.
Quizás a veces negociamos de más.
