Gerardo Soria
El Economista
La decisión de rescatar la banda de 2.5 GHz es una de las decisiones en telecomunicaciones más importantes de los últimos años.
Su reordenamiento permitirá elevar la oferta de servicios y reducir las tarifas a los consumidores.
Contrario a nuestros pronósticos en el sentido de que este tema sería heredado a la próxima administración, la semana pasada el gobierno federal anunció el inicio del rescate de la banda de 2.5 GHz para licitarla con el fin de que nuevos operadores puedan explotarla y ofrecer servicios de banda ancha móvil, como sucede ya en otros países que desde hace varios años reasignaron el uso de este espectro para impulsar la tecnología 4G.
Se trata de una de las decisiones de mayor trascendencia en materia de telecomunicaciones en los últimos años porque permitirá llevar infraestructura de banda a ancha a más ciudadanos, incrementar para ellos la oferta de servicios y reducir las tarifas que pagan los usuarios. Ha sido una buena decisión del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome Friscione.
A partir del anuncio formulado la semana pasada y una vez que el rescate se concrete y se realicen las licitaciones correspondientes, México podrá ponerse al día en el uso de esta banda y aprovechar toda su capacidad para recibir y transmitir datos con mayor eficacia, sin correr el riesgo de una saturación de espectro.
Así, este rescate significa recuperar un bien público en beneficio de los mexicanos para licitarlo en nuevas condiciones, en un proceso que lleve a varios operadores a ofrecer un mismo servicio, generando así condiciones de competencia que beneficien a los consumidores mexicanos.
Y a pesar de ser una decisión trascendental para el país y que representará grandes beneficios, existen voces que, quizá por desconocimiento de la ley, ven esta medida como una equivocación e inclusive hablan de una “expropiación”, término que se usa incorrectamente en este caso.
La Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 23 indica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas: I. Cuando lo exija el interés público; II. Por razones de seguridad nacional; III. Para la introducción de nuevas tecnologías; IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial, y V. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”.
Esto es justo lo anunciado la semana pasada por el secretario Pérez Jácome. Hablar de una expropiación es un señalamiento incorrecto porque la porción de espectro a la que se hace referencia y que está en manos de varios operadores siempre ha sido propiedad de la nación, no de un particular.
La expropiación consiste en la transferencia de la propiedad privada al Estado, previo pago de una indemnización. Insistir en el uso de este término para el caso que nos ocupa es un intento por engañar y confundir a la opinión pública.
Una vez tomada esta trascendental decisión, la SCT deberá ser extremadamente cuidadosa en el proceso de rescate de la banda, especialmente en lo que se refiere a respetar todos los derechos procesales que los afectados pudieran tener. El reto de la autoridad es encabezar un rescate transparente donde se explique pormenorizadamente cada paso.
La semana pasada comentamos en este espacio que parecía iluso pensar en un fin de sexenio con una acción decidida en favor de los usuarios de telecomunicaciones. La consideración fue errónea y es preciso reconocer el acierto de la autoridad.
Iluso resulta ahora, pensar que esta medida no buscará politizarse con falsos señalamientos e historias de expropiaciones y presiones mediáticas que nada tienen que ver con el hecho de que la banda de 2.5 GHz es un bien que pertenece a todos los mexicanos, que está subutilizado por un solo operador y que en otros países del mundo esta porción de espectro ha sido rescatada y licitada para abrir el mercado a nuevos operadores de banda ancha móvil. Enhorabuena por la decisión.
