8 de agosto de 2012
Rodrigo Pérez Alonso
Excélsior
En el siglo XIX en EU y otros países surgió un despliegue masivo de líneas de ferrocarril y telégrafos que permitieron la expansión de la población a nuevos territorios y mejores oportunidades de intercambio comercial. En el siglo XX estos medios eran ya un estándar para las comunicaciones y el transporte.
Sin embargo, conforme surgían redes de comunicación y transporte, las reglas del juego se tuvieron que modificar para evitar prácticas que afectaran la libre competencia. Así nacieron conceptos en derecho consuetudinario como el llamado commoncarrier, mediante el cual las redes de transporte y comunicación se podían interconectar y transportar su tráfico y bienes en redes ya instaladas. Lo contrario hubiese sido desplegar redes de transporte o comunicación nuevas, duplicando así éstas.
Todo ello es significativo porque, en junio pasado, la Cofetel sometió a la Cofemer su anteproyecto de Convenio Marco de Interconexión, un instrumento para permitir mayor competencia y eficiencia en el mercado de telecomunicaciones. Es una de las obligaciones previstas en el Acuerdo de Convergencia, pero que no se había hecho realidad por falta de voluntad de anteriores funcionarios de los órganos reguladores. La importancia de la interconexión de redes radica en el valor que agrega a los consumidores el que las redes estén conectadas entre sí. Se vuelve un insumo importante para que empresas como Nextel, Iusacell o Telefónica puedan conectar sus redes a la de Telcel bajo precios competitivos que permitan agregar valor a sus clientes.
A raíz de este convenio han surgido voces en pro y en contra. Como en todo este sector, el principal incentivo para politizar un instrumento regulatorio son los ingresos de los operadores. El principal operador tiene el riesgo de perder ingresos mientras que los demás quieren más acceso a la red de Telcel-Telmex para ofrecer servicios de telefonía y banda ancha a más clientes; nada nuevo. Lo interesante de esto es que este debate ya se hizo hace muchos años en otros países, siempre con la resistencia del operador dominante.
En este debate está el de la desagregación del bucle local, una forma de utilizar la infraestructura del operador dominante para llegar a los hogares. Si bien no está incluido en el Convenio de Interconexión, mucho se ha debatido. En otros países de la OCDE son ya una realidad, pero en México ha sido un tema tabú incluirlo en ley o en instrumentos regulatorios. La idea es, de nuevo, que los demás operadores puedan utilizar la infraestructura del dominante en la última milla de la red para que puedan ofrecer sus servicios. La resistencia se centra justamente en que hacer esto significaría desmonopolizar este segmento de la red.
Enfrentamos así la politización de instrumentos que son aceptados desde hace años en otros países con gran éxito. En México pareciera que cada vez que se necesita regular, las resistencias privadas son más poderosas que los beneficios públicos.
