23 de julio 2012
Federico González Luna
El Financiero
La Cofetel ha dado los primeros pasos para el lanzamiento de nuevas licitaciones de radio y televisión abiertas, mismas que habrán de desarrollarse al amparo de un marco legal novedoso y peculiar que exigirá la cabeza fría de la autoridad.
Las futuras concesiones de radio comprenden 20 frecuencias ubicadas en 17 pequeñas poblaciones en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y las de televisión se refieren a 306 canales en 156 ciudades del país.
Conforme a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV), la Cofetel debe publicar un programa de concesionamiento en el que informe a los interesados que llevará a cabo los respectivos procedimientos licitatorios. En el caso de las estaciones de radio, tal programa fue publicado el 1 de agosto de 2011, y en el de televisión el 12 de junio de 2012.
Un aspecto esencial es que la LFRTV establece en su artículo 17-G que la decisión sobre quien será el ganador de los respectivos procedimientos concesionarios no será definida por factores económicos exclusivamente, pues la autoridad deberá realizar una labor novedosa y compleja consistente en el análisis de factores subjetivos y otros objetivos.
Es decir que estamos ante un esquema decisorio único en el universo del derecho administrativo mexicano, en el que se reúne la valoración de aspectos culturales, programáticos y de contenidos, con factores económicos (precio). Incluso la Suprema Corte decidió en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2006 que la importancia de la oferta económica será aún más relativa, lo que marca una notable diferencia respecto de las demás licitaciones de telecomunicaciones (regidas en exclusiva por la Ley Federal de Telecomunicaciones), en las que la oferta económica puede ser, en la etapa final del proceso, el único factor que decida el resultado de la licitación. En radio y televisión abiertas ello no podrá ocurrir así.
Pretender minimizar la complejidad de este esquema legal o asumir que se tienen, en abstracto y como resultado de especulaciones geniales, todos los elementos necesarios para asegurar el éxito de las licitaciones, sería temerario y pretencioso.
Hay tres elementos evidentes en estas nuevas licitaciones:
1) La falta de experiencia absoluta en licitaciones de radio y televisión al amparo del nuevo marco legal de la LFRTV.
2) Que las frecuencias de las licitaciones de televisión tienen mucho mayor trascendencia nacional, y es de esperarse que los procedimientos sean más complejos e importantes.
3) Que la Cofetel va más avanzada en el procedimiento de las licitaciones de radio que en las de televisión. Incluso ha informado que ya ha enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Competencia el proyecto de bases de licitación pública y anexos del programa de concesionamiento de frecuencias (para cubrir el requerimiento que el marco jurídico establece para contar con la opinión de esa Comisión de las citadas bases, así como para el establecimiento de los valores mínimos de referencia).
En este escenario llama la atención y resultan inquietantes algunas declaraciones a la prensa hechas por el presidente de la Cofetel en el sentido de que la convocatoria para la licitación de las frecuencias de televisión será publicada antes del 30 de noviembre próximo, y en esa fecha también se harán disponibles las respectivas bases de la licitación.
Lo anterior significaría que la Cofetel, sin contar con la experiencia que podrían ofrecer las licitaciones de radio, lanzaría las nuevas licitaciones de televisión. Se perdería la oportunidad de la experiencia adquirida, e incluso la posibilidad de equivocarse, y se pondrían en riesgo los procedimientos ante situaciones imprevisibles. Nada de malo tiene experimentar, aprender, antes de iniciar procedimientos que a las claras serán sumamente complejos.
Ante lo que debiera ser una visión transexenal de la Cofetel, nada podría explicar el apresuramiento.
