2017-11-08
Ayer, en una comida con amigos, platicamos sobre el reciente escándalo de los Paradise Papers y muchos criticaron las declaraciones del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en el sentido de que es válido tener dinero en el extranjero si se pagan los impuestos correspondientes. Con el sentido común del causante cautivo o del profesionista cumplido, la mayoría coincidió en que la única razón para tener dinero en un paraíso fiscal es o para esconderlo, por ser ilícito, o para no pagar impuestos en México. De otra manera ¿para qué tanto brinco? Se entiende que puede ser sano tener parte de tu patrimonio fuera de México ante cualquier eventualidad política, devaluación grave o inestabilidad social. Si un mesías pretende despojarte de lo tuyo mejor tenerlo en un lugar que te dé seguridad y confianza, pero eso puede ser en cualquier país europeo, Estados Unidos o Canadá. ¿Por qué en unas islas perdidas en el Caribe, si no es para esconderlo?
Hay casos cuestionables, como las limosnas que el padre Marcial Maciel fue a esconder al Caribe o la fortuna del ex líder sindical Joaquín Gamboa Pascoe, quienes por su trayectoria religiosa y sindical no deberían tener esas fortunas, y menos escondidas; pero hay muchos, también, que pueden tener una explicación clara desde el punto de vista de los negocios internacionales. De estos últimos, el más emblemático, desde mi punto de vista, es el del ingeniero Carlos Slim y América Móvil.
Por eso, con profunda sorpresa leí la primera plana de La Jornada de ayer, que afirma que “el emporio en telecomunicaciones de Slim se fundó en paraíso fiscal de Bermudas”. Mi sorpresa se debe, en parte, a que La Jornada siempre había sido un periódico afín a las posturas e intereses del ingeniero Slim, igual que la revista Proceso y los periódicos Reforma y El Universal. Por otro lado, hace afirmaciones graves que en el contexto denotan un gran desconocimiento sobre prácticas comunes en los negocios internacionales.
La Jornada afirma que “la semilla de Telecom Américas fue sembrada a través de ese despacho [Appleby] en Bermudas, en 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos. Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero- a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato”. Esto último es cierto, pero no necesariamente es el único motivo para tener una sociedad ahí, por lo menos no en el caso de la sociedad entre América Móvil, Bell Canada y SBC Communications.
La nota señala que la mexicana América Móvil, la canadiense Bell Canada y la estadounidense SBC Communications, se asociaron para expandir sus operaciones en América Latina. Pudieron haber constituido su controladora de activos latinoamericanos en cualquiera de los tres países, México, Canada o Estados Unidos, pero eso implicaría que la controladora y, por tanto, los socios, pagarían impuestos en dicho país. Si bien hay tratados internacionales entre los tres países para evitar la doble tributación, que permiten acreditar en el país sede de cada uno de los socios los impuestos pagados en la otra jurisdicción, es un procedimiento engorroso que puede implicar una carga administrativa innecesaria si hay mecanismos legales que pueden hacerla más simple y fácil de administrar.
En este sentido, es fiscalmente más eficiente que la controladora de los activos latinoamericanos esté en una jurisdicción con tasa cero, sea ésta la que reciba los flujos provenientes de las utilidades de las operadoras de telecomunicaciones en los países latinoamericanos en que se hubiese invertido, y una vez que dichas utilidades se repartan a los socios cada uno de ellos pague los impuestos que le correspondan en su propia jurisdicción, es decir, México, Canadá o Estados Unidos. Tan es así que cuando América Móvil compró las participaciones de Bell Canada y SBC Communications en la controladora, y por tanto este mecanismo de asociación ya no era necesario, ésta última se transformó en una empresa mexicana. Como bien dijo Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, no hay ilegalidad alguna y sí una justificación de negocios. Así, podemos ver que no todos los casos son ilícitos, tal y como lo señaló el secretario Meade.
