2 de julio de 2012
Javier Orozco
Milenio
En octubre de 2006, a dos meses de concluir el sexenio de Vicente Fox, la SCT publicó en el Diario Oficial, lo que se ha dado en llamar el Acuerdo de Convergencia, donde mezcla peras con manzanas, ya que regularon conjuntamente situaciones jurídicas distintas: por un lado, la prohibición de Telmex para prestar servicios de televisión restringida, y por el otro, el derecho del resto de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para prestar todos los servicios técnicamente factibles.
Pero la empresa dominante en telefonía fija tuvo como “ángeles de la guarda” en el sexenio anterior a Pedro Cerisola y a Jorge Álvarez Hoth, secretario y subsecretario de Comunicaciones.
Desde aquellos años se comentó que dicho acuerdo dejaba mucho que desear, al dejar temas sueltos que debían ser atendidos por la Cofetel, uno de ellos, la expedición del Convenio Marco de Interconexión, cuestionándose su contraposición con el artículo 42 de la Ley de Telecomunicaciones.
Lo que se debió haber hecho desde aquélla época es declarar la dominancia de Telmex e implementar su regulación asimétrica; pensar en un reglamento en materia de interconexión derivada de las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y diseñar una política pública de cómo promover la competencia en el sector de los entrantes y los ya existentes ante el dominante.
Pero el Acuerdo de Convergencia fue pensado más en cómo ayudar al dominante y desaparecer a la competencia.
Ahora, después de seis años, cuando eran 45 días para su elaboración, se ha enviado a consulta el Convenio Marco de Interconexión a la Cofemer; por lo pronto, esta entidad ya ha empezado actuar, y solicitó opinión a la Cofeco a fin de evitar prácticas discriminatorias entre los concesionarios.
Pero ya nos ocuparemos en lo futuro en desmembrar dicho convenio marco y ver si es o no la llave que la abra la puerta a Telmex a la tv de paga; antes la Corte tendrá una decisión importante sobre el tema; mientras tanto, Telmex mantiene su posición dominante en el mercado de acceso al usuario final a través de la “chicana” legal.
