26 de junio de 2012
Javier Tejado Dondé
Reforma
Sorprendió la nota de la agencia de prensa Reuters del día de ayer sobre los presuntos actos de corrupción que hubo detrás de la ahora conocida afirmativa ficta que Telmex alega haber obtenido respecto de la solicitud que promovió en 2008 ante COFETEL para que se le modificara su título de concesión y poder dar video (televisión restringida).
Reuters dice que había proyectos circulados entre funcionarios de la COFETEL para negar a Telmex dar video, pero que después hubo una serie de “errores” que permitieron que Telmex lograse una afirmativa ficta. Esto es, un cumplimiento ficticio de las obligaciones que tenía y que en realidad no hizo. Estas van desde temas de interconexión con otros operadores hasta pagar al Estado la contraprestación respectiva al cambio de título pasando por cumplir las condiciones de su título de concesión.
Reuters identifica que en la serie de “errores” cometidos estaría involucrado el entonces Secretario Técnico del Pleno, Jorge Mena, ex funcionario que está siendo investigado por la Contraloría de la COFETEL y la Secretaría de la Función Pública. Mena incluso es señalado -por otro funcionario de COFETEL y fuente de Reuters- de haber sido alertado y de no haber actuado, con lo que Telmex logró su afirmativa ficta.
Quizá la acusación más grave que hace Reuters es que Mena, desde que dejó de laborar en COFETEL, pasó a ser cabildero de Telmex. Lo que genera tremendas suspicacias respecto al “error” cometido. Además de que, de ser cierto, está prohibido por la ley de responsabilidades de los servidores públicos.
Jorge Mena inició labores en el sector comunicaciones en la Conferencia Parlamentaria en materia de Telecomunicaciones en el 2004, bajo la dirección del senador Javier Corral (PAN). Una vez que Corral deja el Senado, por actividades partidistas, Mena se convierte en la mano derecha del también senador panista Héctor Osuna, quien en 2006 fue nombrado presidente de la COFETEL. Mena siempre fue considerado un funcionario probo y con gran capacidad para dar resultados, por lo que debiera dar su versión de los hechos. Misma que Reuters anota sí solicitó, pero no obtuvo.
Telmex tampoco quiso hacer declaración alguna, quizá dado que hay una investigación en curso. Pero es de extrañar que para el asunto regulatorio más importante en sus últimos 12 años hayan optado por meter una solicitud, que se hizo perdidiza, y a pesar de no obtener respuesta, no hay registro de que hayan enviado oficio alguno a la COFETEL para preguntar por su trámite. Pareciera que apostaron para sacar una autorización por la puerta trasera. ¿Es válido? Sí lo es, pero dudo que sea la manera en que se deba de comportar la empresa telefónica más importante del País.
Dado que Telmex tiene también pendientes incumplidos con la SCT, esta dependencia no hizo válida la afirmativa ficta que Telmex le ganó a la COFETEL. Ahora el asunto está en juicio. Es incierto si el tema se va a resolver en la Suprema Corte o en los Tribunales Colegiados del DF. Pero es un hecho que la decisión más importante del sexenio en materia de telecomunicaciones se está tomando con base en actos irregulares o indebidos.
El tema no es menor, pues el cambio de título de Telmex siempre se ha planteado como una oportunidad para que el Estado mexicano logre beneficios a favor de los consumidores mexicanos, no nada más cambios a favor del regulado. La experiencia internacional señala que cambios en los permisos de operadores telefónicos son una oportunidad para que éstos logren dar nuevos servicios; pero también para que avance la implementación de reglas pro-competencia. Ahí está el caso de British Telecom.
Ahora que hay un ánimo renovado para avanzar en la competencia en el sector de las telecomunicaciones (radio, TV, telefonía y banda ancha), el tema de la regulación del operador dominante es toral. Si Telcel-Telmex no son adecuadamente regulados por su tamaño y dominancia, acabará con cualquier viso de competencia en el País.
** Cambiando de tema…
La COFETEL remitió el viernes pasado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el expediente relativo al Convenio Marco de Interconexión, para que sea objeto de consulta pública. Dado que el procedimiento tiene una duración mínima de 30 días hábiles, se estima que la eventual publicación en el DOF ocurra no antes de mediados de agosto.
El tema es de vital importancia para mejorar las condiciones de competencia bajo las que se desarrollan las telecomunicaciones. Por primera vez en nuestro País, diversos aspectos relacionados con los conceptos y los términos bajo los que se negocia la interconexión quedarán incorporados en un instrumento regulatorio.
