26 de junio de 2012
Gerardo Flores
El Economista
La semana antepasada, la Comisión Federal de Competencia (CFC) difundió el comunicado mediante el que daba a conocer que había resuelto el recurso de reconsideración sobre la concentración entre Iusacell y Televisa, en el sentido de aprobar dicha operación sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones que ya han sido ampliamente discutidas en todos los medios mexicanos. Junto con dicho comunicado, la CFC difundió de igual forma un acuerdo suscrito por los titulares de la Secretaría Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por un lado, y por los presidentes de la misma CFC y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en el que los cuatro funcionarios se comprometen a realizar su mejor esfuerzo para que las bases de licitación de estaciones de televisión estén disponibles a más tardar al cierre de noviembre de este año.
En otras circunstancias o épocas, hubiera sido impensable que dos secretarios de Estado se vieran obligados a firmar un acuerdo por medio del que se comprometieran a realizar su mejor esfuerzo para que otro órgano llevara a cabo la tarea que por ley tiene encomendada. En realidad, no se requiere un acuerdo de esta naturaleza para mandar un mensaje claro de que la licitación va. Todo indica que nuestras autoridades no han entendido que la credibilidad no se gana con acuerdos o decretos, se gana con toma de decisiones consistentes y oportunas.
Pero, más allá de la anécdota sobre el papel de los secretarios como firmantes del acuerdo mencionado, lo que resulta grave y por demás preocupante es constatar que el Comisionado Presidente de la COFETEL no ha aprendido la lección de que no puede conducirse de manera unilateral, como si él y solo él tomara las decisiones que corresponden de manera colegiada al pleno de la COFETEL.
Lo anterior lo digo porque -independientemente de lo que haya ocurrido al interior del pleno de la CFC, cuyos comisionados, hasta donde sé, no se han pronunciado con relación a la firma del Comisionado Presidente de la CFC en el acuerdo ya citado- ha quedado claro que, a la firma del acuerdo en cuestión, el Presidente Comisionado de la COFETEL acudió sin haber siquiera comunicado a sus colegas comisionados la intención de suscribirlo. Algunos de ellos ya han manifestado que no fueron siquiera informados de ello ni antes ni al momento de que el acuerdo estaba siendo dado a conocer a los medios.
El tema no es menor. No debe pasarse por alto que, para lograr el propósito central del acuerdo, se requieren múltiples actuaciones del pleno, pues ante la ausencia del reglamento interior de la COFETEL, el pleno es la única autoridad de la Comisión que, en materia de radio y televisión puede emitir actos poco susceptibles de ser impugnados.
Por ello, y ante la trascendencia del tema, lo mínimo elemental hubiera sido que, previo a la firma, el Comisionado Presidente de la COFETEL hubiera obtenido el consentimiento del resto de los comisionados, aún de manera informal. Cosa que no hizo. Es cierto que, seguramente, ningún Comisionado se habría opuesto a que firmara dicho acuerdo. Pero no es lo mismo que lo haga con la venia de ellos a que lo haga de manera voluntariosa como una autoridad que pasa por alto las mínimas reglas de convivencia con sus compañeros comisionados.
Ojalá que este apetito que lo caracteriza por atraer los reflectores no se convierta, paradójicamente, en un obstáculo para llevar a buen puerto la licitación de estaciones de televisión. No olvidemos que, justamente, ello originó en aquel inolvidable 25 de enero del 2012 el desencuentro más grave entre el Comisionado Presidente de la Cofetel y los otros cuatro comisionados del que se tenga memoria en la historia regulatoria de nuestro país, al menos, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
La SCJN y la afirmativa ficta de la COFETEL para Telmex
La agencia de noticias Reuters difundió ayer en la mañana una nota que consigna que este verano la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver el caso relativo a la afirmativa ficta que Telmex habría obtenido de la COFETEL en el 2008, con relación a su solicitud para que se le modifique su título de concesión para que pueda ofrecer el servicio de televisión. Sin duda, el tema es de gran relevancia para definir las condiciones de competencia en el mercado mexicano de telecomunicaciones, en enero de este año ya la OCDE advirtió sobre los riesgos para el mercado mexicano de autorizar a Telmex entrar al mercado de televisión sin que antes se imponga a este operador la regulación de dominancia correspondiente, asignatura en la que tanto la CFC como la COFETEL tienen un enorme adeudo con la sociedad mexicana.
