Federico González Luna Bueno | El Financiero | 25 de junio 2012
Uno de los efectos más inesperados de la reforma electoral de 2007 fue el haber hecho rígidas las contiendas electorales, a tal grado que quitó a los partidos y a sus candidatos herramientas con las que tradicionalmente elaboraban sus estrategias y tácticas de campaña. En aras de la equidad sacrificó libertades; ahora los ataques toman formas más complejas y soterradas.
Entre otras cosas, la reforma eliminó el derecho de los partidos a contratar propaganda en radio y televisión, no así en otras formas de comunicación (como medios impresos, espectaculares o Internet). Igual supresión hizo a todos los ciudadanos de su derecho para dar a conocer sus puntos de vista o propuestas acerca de los procesos electorales y sus candidatos.
En radio y televisión el efecto fue doble: por un lado, que los mensajes concebidos por los partidos políticos y sus candidatos únicamente provengan de los tiempos de difusión administrados y controlados por el IFE, y por el otro, que los espacios noticiosos y editoriales de las estaciones públicas y privadas se hayan hecho más importantes, al ser espacios de libertad sin controles estatales.
Con frecuencia tal circunstancia ha venido a ser una auténtica calamidad para la radio y televisión, ante los intentos de control, censura y represalia por parte de los partidos, sus candidatos o grupos o personas afines a ellos. Como nunca antes, las estaciones están sujetas a monitoreos sobre el tiempo, número de notas y naturaleza de sus contenidos noticiosos y reportajes. Continuamente los medios y sus comunicadores son atacados (a veces con ferocidad) por lo que dicen, pasando por alto su derecho a expresarse libremente. Se olvida además que la objetividad absoluta no existe en la comunicación (por el simple y sencillo hecho de que los seres humanos no somos objetivos) y que precisamente en reconocimiento de la inevitable subjetividad se ha instituido la garantía de la libertad de expresión, consagrada por la legislación de radio y televisión.
En épocas electorales, más a menudo se cuestiona y constriñe la libertad de expresión. Ejercerla agravia. Para muchos atacar a los medios es una buena idea en razón de:
a) En lo inmediato, al acusarlo de favorecer a mi contrario político, obligarlo a favorecerme (o a mi candidato afín);
b) En lo mediato, tener argumentos para cuestionar la equidad de la elección, y
c) Encontrar culpables a un resultado electoral desfavorable.
Se empobrece así la discusión, intolerante en el fondo, desorientadora y sembradora de la suspicacia entre la ciudadanía; hecho preocupante para una democracia joven que requiere credibilidad.
Apenas el 7 de junio pasado el periódico británico The Guardian publicó un reportaje en el que refiere la supuesta existencia de archivos de computadora que demuestran tratos “sucios” de Televisa con “el candidato favorito a la presidencia de México”, de la época en que éste era gobernador del Estado de México.
Es revelador que con bases tan precarias, como lo reconoce la periodista que lo escribe, se afirmen cosas tan delicadas. Se admite que el reportaje está basado en documentos cuya autenticidad no puede ser probada; documentos sin sellos, folios, membretes y que no provienen de alguna fuente oficial que los haya validado. Se trata, como se reconoce, de docenas de archivos de computadora en Word, Power Point y Excel. Documentos sin fecha, que “parecen haber sido creados hace varios años”. Descansa el reportaje en documentos elaborados supuestamente por dos personas, Yessica de Lamadrid, quien los ha descalificado reiteradamente, incluyendo la información en ellos contenida, y en un testigo anónimo, extrabajador de Televisa. “Pruebas” inaceptables en cualquier otro contexto que buscara ser justo y equitativo, son recogidas y publicadas como “hechos” 20 días antes de la elección. Muy su derecho a sugerir, afirmar y publicar, pero qué bien hubiera caído el rigor periodístico. Se ejerce la propia libertad para limitar la libertad del otro.
