La imposibilidad, aparente o real, para regular las actividades que se desarrollan en línea, se significa cada día que pasa como un mito genial.
El desarrollo global del Internet ha obedecido, en buena medida, a la libertad con la que esta red de redes ha sido tratada en sus primeras décadas de operación. Durante este periodo, en su inmensa mayoría, los gobiernos de los países con vocación democrática se posicionaron como meros espectadores del desarrollo de la red de redes. La premisa para la adopción de esta posición ha sido bastante simple: para que este medio global de comunicación floreciera, resultaba necesario liberalizar, en lugar de regular, la conexión masiva de infraestructura, así como el desarrollo de plataformas, servicios y aplicaciones.
De esta manera, se tiñó al uso del Internet de una naturaleza de derecho fundamental salvaguardado. También, se desarrollaron principios como la neutralidad de la red que busca el libre flujo de todo tipo de información, sin que resulte deseable la discriminación respecto de ciertas comunicaciones como pueden ser las relativas a la prestación de servicios tradicionales de telecomunicaciones, basados, hoy en día, en el protocolo IP.
El desarrollo exponencial del uso de esta infraestructura por los seres humanos de todo el orbe, y la facilidad con la que la ubicuidad que proporciona la misma para la ejecución de todo tipo de actividades, incluyendo, desafortunadamente, en algunos casos la comisión de delitos o de conductas no aceptadas por la legislación, empiezan a modificar la visión, cien por ciento liberal, en torno al mundo digital.
En parte, el cambio referido obedece a la preocupación creciente que genera en distintos tipos de autoridades, como pueden ser las reguladoras de la comunicación masiva, de competencia económica y de seguridad pública y nacional, el tamaño y poder que han adquirido las gigantescas compañías, que a través de sus plataformas propietarias, han obtenido los mayores beneficios de esta revolución, propia de nuestra época.
Existen preocupaciones que no requieren de mayor análisis. Por ejemplo, regular la piratería, el tráfico sexual y el terrorismo, por mencionar algunos tipos de conductas prohibidas, cuando dichas actividades se facilitan mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, parece lógico y deseable. Sin embargo, para lograr esto, resulta necesario tocar a empresas que hasta ahora no habían sufrido la mano de regulador alguno y, es más, que pretenden continuar operando bajo una desregulación estatal total y tan sólo estar sujetas a sus propias normas (auto-regulación).
En otro rubro, tal vez más polémico ya que entraña una valoración subjetiva respecto de lo que se pretende proteger, versus libertades ampliamente arraigadas en las normas y el discurso de la vida democrática, como son las libertades de expresión y de información, la dificultad para no romper con un equilibrio básico se hace patente. Por ejemplo, la intervención estatal para eliminar “noticias falsas” de la red y sus plataformas, fácilmente puede derivar en la censura y el autoritarismo.
Mensaje corto: Los difíciles días que vivimos en México, a raíz de los sismos que azotaron a la capital del país y a distintas entidades federativas, demostraron, con contundencia, la necesidad de revisar y adecuar la regulación vigente de los servicios de telecomunicaciones en el país. En las horas aciagas que siguieron a estos devastadores eventos, para sorpresa de propios y extraños, las alternativas tradicionales de comunicación palidecieron ante la eficacia de los servicios de comunicación sobrepuestos al Internet y basados en plataformas de datos, como los servicios de mensajería y voz sobre IP.
