Ayer comenzó el primer ciclo de conferencias de Mexico Connect 2017 que por primera vez se celebra en nuestro país. Con más de 250 ejecutivos, expertos y líderes de la industria de 15 países se analiza la transformación digital de México a raíz de la reforma en telecomunicaciones. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) se unió a la convocatoria de Capacity Conferences para apoyar este importante evento.
En mi carácter de presidente del Idet tuve el honor de moderar el primer panel de discusión interactiva sobre el futuro del sector telecomunicaciones tras la reforma. Los panelistas Wilson Rojas, director regulatorio Telecom & TI de Alestra; Simón Masri, director general de C3NTRO, e Ignacio Muraira, director general de redIT, analizaron el panorama general del mercado mexicano y el entorno competitivo para el sector mayorista, desde el impacto de la ley y la regulación en la reducción de los precios hasta los beneficios que podrían tener la compartición de la infraestructura pasiva del agente preponderante, la desagregación del bucle local y los novedosos proyectos de la red compartida y la red troncal.
Para los tres panelistas, los efectos de la ley y la regulación en el mercado han sido positivos. La eliminación de las tarifas de interconexión por parte del preponderante, la eliminación de la larga distancia nacional, la prohibición de diferenciar entre llamadas dentro de la red del preponderante respecto de las que se dirigen a los usuarios de los competidores, así como el roaming nacional a costos incrementales, han permitido a los competidores hacer ofertas agresivas que se han traducido en una importante reducción de precios, tanto en servicios fijos como móviles. Ante la inquietud respecto a la posible eliminación judicial de algunas de estas medidas, los panelistas concluyeron que los usuarios ya las han asimilado y ven difícil que un revés regulatorio por parte del preponderante pueda trasladarse al usuario. Coincido con ellos en que esto parece inviable en el corto plazo, pero sí podría afectar a competidores y nuevos entrantes en el mediano plazo si el círculo virtuoso de la reforma se rompe.
Especial énfasis se puso en el déficit de infraestructura que existe en nuestro país, sobre todo para poder atender el crecimiento exponencial en el consumo de datos. Para ello, la compartición de la infraestructura pasiva del preponderante y la desagregación de su red local son condiciones necesarias, pero no suficientes. Se debe avanzar en ambos temas, ya que las condiciones económicas ofrecidas por el preponderante aún no los hacen económicamente viables y hay una importante asimetría en la información que sobre la infraestructura disponible tiene el preponderante frente a la que tiene la autoridad y los competidores.
Ante esta situación, los panelistas ven con optimismo el proyecto de la red compartida, que al ser una red exclusivamente mayorista tendrá el incentivo de buscar clientes y apoyar nuevos modelos de negocio. Sin embargo, se coincidió en el hecho de que no hay garantía de que exista demanda suficiente por parte de los operadores que haga este proyecto autosustentable.
Para el panel, el déficit de infraestructura en nuestro país trae aparejado un sinfín de posibilidades de negocio. En los próximos años la demanda de fibra óptica tanto para conectar a los propios operadores como para llevar infraestructura a los hogares y negocios del país puede detonar importantes inversiones en ductos, torres y fibra oscura, tanto por parte de grandes fondos de inversión como por empresarios regionales en ciudades poco atendidas.
Un reconocimiento especial mereció el esfuerzo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poner a disposición de la industria y de nuevos inversionistas los inmuebles del gobierno federal y sus negociaciones con gobiernos estatales y municipales para que hagan lo propio sobre bases uniformes y predecibles, incluyendo los derechos de vía de carreteras y caminos. Sin embargo, se coincidió en la complejidad de este proyecto dada la disparidad de regulaciones y criterios en estados y municipios.
Si bien hubo consenso en que la reforma va por buen camino y se vislumbran importantes inversiones en infraestructura y servicios, se coincidió también en que la certeza jurídica es un requisito indispensable para la inversión y el éxito mismo de la reforma.
