México se encuentra inmerso en una dinámica creciente de digitalización. Año tras año se registra un alza significativa en el número de usuarios de Internet, con una contabilidad que asciende a 70.0 millones en el 2016 y una penetración de 63% entre la población de seis años en adelante, de acuerdo con la Asociación de Internet.mx (antes AMIPCI). A su vez, se identifica un uso cada vez más intensivo de aplicaciones de comunicación y relacionamiento en redes sociales y mensajería instantánea.
No obstante, el desarrollo de una vida en línea no ha sido exclusivo de individuos, hogares y empresas, sino que también el gobierno ha incursionado en el mundo digital. En este sentido, destaca que, en el 2015, 13 millones de usuarios de Internet interactuaron con autoridades vía Internet, alcanzando 14.5 millones en el 2016; es decir, un aumento anual de 12 por ciento.
Esta creciente adopción de conectividad combinada con el cometido gubernamental de preservar la seguridad nacional, la salud pública, la soberanía y garantizar una efectiva procuración de justicia han llevado a éste a obtener la facultad para hacerse de información y geolocalización de nuestras comunicaciones realizadas en plataformas digitales, con la garantía de que no se lleven a cabo violaciones sistemáticas a la privacidad y que la autoridad que solicite estos datos esté facultada para ello.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su Título Octavo, “De la Colaboración con la Justicia”, establece la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de atender las obligaciones en materia de seguridad y justicia. Entre las que se incluye entregar datos relativos a nuestras comunicaciones (no así el contenido), así como aquellos de nuestra localización al momento, siempre y cuando, la solicitud se haga por escrito, sea fundada y motivada por la autoridad competente.
Al respecto, The Social Intelligence Unit, en una publicación reciente, dio a conocer algunas métricas sobre los requerimientos que realizaron autoridades mexicanas sobre usuarios de servicios de correo electrónico, mensajería y redes sociales.
En el 2016, las instituciones gubernamentales realizaron 2,199 solicitudes de información de usuarios y cuentas de Google, Facebook, Twitter, Yahoo y Microsoft, ello es equivalente a un crecimiento de 14.6% respecto al 2015. Sin embargo, sólo se entregó información de 1,514 solicitudes (68.8%), mientras que en el 2015 de 1,268 solicitudes (66.1%), lo que representa un incremento anual de 19.3 por ciento.
Cabe señalar que en un requerimiento se puede solicitar información de varios usuarios, por lo que el año pasado, contabilizaron 3,619 cuentas de las cuales el gobierno mexicano requirió datos, con un crecimiento de 11.1% entre el 2015 y 2016.
En la normatividad vigente, las autoridades facultadas para requerir este tipo de información están definidas como instancias de seguridad, procuración de justicia y administración de justicia que cuenten con la facultad expresa para requerir la información referida.
La vigilancia de la información que los usuarios generan al utilizar servicios en Internet pretende coadyuvar en la labor de las instituciones dedicadas a la administración de la justicia y la provisión de seguridad pública.
Sin embargo, de no existir mecanismos de control adecuados de transparencia y definición de autoridades competentes y los requerimientos para realizar las solicitudes, la vigilancia redundaría en invasiones y transgresiones reiteradas a la privacidad de los individuos.
De ahora en adelante, la labor de investigación y procuración de seguridad y justicia del gobierno se apoyará no sólo de los hechos y acciones llevados a cabo en el mundo físico, sino también de aquellos generados en aquel digital. Todo ello consecuencia de nuestra creciente y constante interacción en Internet.
