El caso Tecnoradio está salpicando a todo mundo y no se diga a las instituciones que regulan al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, luego de que ayer se suscitara una controversia entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que encabeza Gabriel Contreras y la SCT. El desencuentro se presentó, por supuesto, después de la publicación en la prensa de información muy relevante sobre el caso.
El problema es que el asunto de simulación jurídica respecto a la conformación accionaria e intereses societarios de Tecnoradio ya involucra a la SCT, aunque la responsabilidad directa es del IFT.
Y decimos que involucra a la SCT porque hablamos de la toma de decisiones relacionada con la autorización de los postores a la licitación de radio, que hace unas semanas concluyó.
De inmediato, la SCT salió a deslindarse del tema, al señalar que no tiene facultades legales para intervenir en una licitación como ésta, y dejó en claro que “el conflicto de interés en una licitación debe aclararlo la empresa participante”. A esta columnista, por cierto, funcionarios de la SCT le llamaron para dejar muy claro que la responsabilidad es del IFT y nada más que de ese instituto y que la dependencia sólo verificó en el proceso aspectos vinculados con la seguridad nacional. Así que si el IFT no hizo bien su tarea, tendrá que responder.
Y es que como lo dio a conocer el experto en telecomunicaciones Javier Tejado, a través de una investigación periodística, la esposa del presidente de Tecnoradio, Alí E. Bañuelos, es sobrina del fundador de Radiorama, Javier Pérez de Anda, y a la vez, prima hermana de las tres hijas del mismo radiodifusor, lo que pone en entredicho su participación en el proceso. Máxime que Radiorama es líder en esta industria, pues posee casi 400 estaciones en todo el país. ¿No se trataba de impulsar la participación de nuevos jugadores en el sector?
Según precisó la SCT, la opinión técnica no vinculante de la Secretaría no significa la “validación” del concursante, ya que ésta es entera responsabilidad del Instituto y no de la Dirección de Política de Telecomunicaciones de la SCT que depende de la Subsecretaría a cargo de Édgar Ólvera y quien sustituyó recientemente a Mónica Aspe, la ahora diplomática a quien hasta el último momento – nos consta – le interesó deslindar a la SCT de este penoso caso.
El tema Tecnoradio crece y día a día causa más revuelo. Lo que está en juego no es poca cosa: la licitación misma que se puede derrumbar, una fuerte afectación en la recaudación, el deterioro en la imagen del IFT, posibles recursos legales e impugnaciones por parte del resto de los participantes, entre otros. Pronto sabremos en qué termina esta historia, pero lo que sí les podemos confirmar es que en el IFT se encuentran sumamente preocupados.
