El pasado lunes 17 de abril de 2017 tuve el honor de participar en el Taller de Inclusión Digital y adopción significativa de la banda ancha en las Américas, organizado en conjunto por la Comisión InterAmericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de Estados Americanos y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú.
El foco de mi charla fue destacar aquellos elementos que en el presente atrasan o bloquean el despliegue de estas tecnologías a través de la región.
El primer elemento que identifiqué fue la necesidad de asignar espectro radioeléctrico a nivel regional y obviamente las ventajas que ofrece la armonización. El mensaje fue sencillo, hay una gran demanda por espectro radioeléctrico para la oferta de servicios móviles que no está siendo satisfecha en la región. La recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el 2020 es de 1960 MHz, pero en América Latina y el Caribe ni siquiera se llega a la mitad de la recomendación de esta entidad para el 2015: 1300 MHz.
El desafío es muy fuerte porque no es simplemente celebrar procesos de asignación de espectro radioeléctrico, sino que el mismo pueda ser utilizado de forma inmediata para brindar beneficios a los consumidores. Es importante visualizar la industria de telecomunicaciones como un ente complejo donde todo se relaciona. Si a los operadores no se les brinda el insumo necesario para operar, estos no podrán invertir en infraestructura lo que se traduce en menos puestos de empleo creados en el país, pero también una caída en la facturación de los proveedores de infraestructura y dispositivos.
La realidad es que en lo referente a la asignación de espectro radioeléctrico estamos bastante atrasados como región, pues no sólo estamos atrasados en relación con las recomendaciones de la UIT, también de los cerca de 1500 MHz que podrían ser asignados a corto plazo nos encontramos con una falta de cronograma para que esto suceda, o un acercamiento totalmente recaudatorio que dificulta la viabilidad de un retorno de inversión a corto plazo para quienes adquieran este insumo a sobre precio.
Obviamente, todo lo anterior parece contradecir los esfuerzos de implementar una estrategia digital a nivel nacional en cada mercado de la región. Sobre todo si se tiene en consideración que la parte vital de cualquier iniciativa de política pública dirigida en esa dirección tiene que enfocarse en la parte de contenidos y no sólo en la infraestructura. Las redes son necesarias para viabilizar estrategias de desarrollo como las antes mencionadas telesalud y teleeducación, entre otras, pero son los gobiernos quienes establecer un ambiente en el que se trabaje de forma conjunta entre distintos ministerios o secretarias para viabilizar y difundir estos servicios a nivel nacional. Hace apenas unos tres o cuatro años que cerca de 60 a 70% de los planes de conectividad de la región excluían contenidos. La conectividad sin contenidos es una conectividad limitada.
La lección es clara, los gobiernos tienen que decidir cuál es su prioridad: fomentar una estrategia digital nacional o recaudar fondos para cubrir gastos de todas las agencias de gobierno. Y si la respuesta es promover un entorno donde las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) son vistas como protagonistas, entonces debe haber coherencia en todas las decisiones del gobierno.
Hay que considerar que cualquier plan de desarrollo de nuevas tecnologías de banda ancha móvil a nivel nacional tiene que tener un fuerte componente de desarrollo de fibra óptica. La forma más sencilla de predecir dónde se colocarán las antenas de banda ancha móvil avanzada es ver un mapa del despliegue de fibra de un país. Aquellas zonas sin fibra óptica difícilmente podrán experimentar el despliegue de 4G o 5G en un futuro cercano.
