La comunidad libanesa en México, a la cual pertenecen algunos de los empresarios más importantes del país, le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que luche contra la corrupción. “La corrupción produce desaliento y crea una imagen repugnante dentro de la sociedad”, dijo el líder del Centro Libanés, Alejandro Serio. “Señor Presidente, le pedimos que se aplique la ley”. Peña Nieto, que en público y en privado asegura que su gobierno ha hecho más que nadie para combatirla, respondió que será la ley anticorrupción lo que probará su dicho. Pero el futuro no es el presente. Mientras se daba ese intercambio, crece la polémica sobre la opacidad en los contratos y adjudicaciones de dos empresas, Seguritech y Tecnoradio, que tienen vasos comunicantes con Los Pinos.
La prensa especializada lleva dos semanas mostrando lo que parece una proclividad a apoyar a esas dos empresas que han florecido durante el gobierno de Peña Nieto. Tecnoradio ha sido cuestionada por el hermetismo con el que las autoridades cuidan la identidad de sus socios. Fundada en 2011, de la nada se presentó en el concurso público del Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener 191 frecuencias de radio FM y 66 en AM, y se quedó con 34 FM y 3 AM en 18 estados, por las cuales ofreció pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, de largo historial en la industria. La suspicacia general la resumió Javier Tejado, experto en telecomunicaciones y abogado de Televisa, en su columna en El Universal el martes pasado: “¿Quién está detrás de Tecnoradio?”.
La prensa estaba volcada en sus accionistas y representantes públicos, Carlos Lara Sumano, director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER); Alfonso Amilpa, exfuncionario federal y asesor de varios grupos radiofónicos, y Alí Eduardo Bañuelos, que trabaja con Diamond Electronics, que es importante contratista de televisoras digitales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El debate se ha centrado en Lara Sumano, ante un posible conflicto de interés. ¿Cómo puede un funcionario, cuya área de competencia es la radio, participar en un concurso de licitación de frecuencias de radio? La prensa reveló que Lara Sumano tiene 249 de las 600 acciones de Tecnoradio, mientras que Amilpa tiene otras 306. Quién tiene las 45 restantes es otro misterio, porque Bañuelos sólo aparece como representante legal.
Lara Sumano explicó la semana pasada que si bien él fue uno de los fundadores de Tecnoradio, vendió sus acciones en septiembre, sin mostrar ningún documento que avalara su dicho, ni tampoco aclaró por qué, si desde febrero pasado apareció esa empresa como la ganadora del concurso público, no hizo del conocimiento público su retiro como accionista hasta que el escándalo lo comenzó a quemar. El gobierno ha dejado solo al director del IMER. La Secretaría de Gobernación, bajo cuya jurisdicción se encuentra ese instituto, no ha dicho absolutamente nada. La Secretaría de la Función Pública no ha abierto ninguna averiguación que se sepa, hasta este momento. Las autoridades judiciales competentes tampoco han intervenido, ni siquiera informalmente, para que Lara Sumano les aporte las pruebas de que, en efecto, no es accionista en la empresa. Este funcionario tampoco ha presentado una denuncia penal por el mal uso de su nombre y el abuso de confianza por haber existido, en dado caso, usurpación de su nombre para actividades que serían ilegales, que obligaría a la cancelación del concurso.
Este tema se ha vuelto muy caliente por las ramificaciones que tiene hasta Los Pinos, en particular con la Dirección de Comunicación Social que encabeza Eduardo Sánchez. Lara Sumano, Amilpa y Sánchez son un trío de viejos amigos que se introdujeron en el tema de la radio y telecomunicaciones desde que trabajaron en esas áreas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando el secretario era Emilio Gamboa, actual coordinador del PRI en el Senado. Sánchez fue director de Radio de la SCT, de 1991 a 1993, y lo sustituyó Amilpa, mientras que Lara Sumano era director de Telecomunicaciones en tiempos de Gamboa. Esa dependencia fue su plataforma para ingresar y ser asesores de grupos de radiodifusores dentro de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), por la que Sánchez llegó a una diputación años después.
Sánchez fue parte activa en la campaña presidencial de Peña Nieto, y al iniciar este gobierno fue nombrado subsecretario de Normatividad de Medios en Gobernación. Sánchez incorporó a su equipo a Lara Sumano, a quien nombró en la dirección del IMER, y regresó de Denver, donde era cónsul, a Andrés Chao, a quien nombró director de Radio y Televisión en su Subsecretaría. Ninguno de ellos dos ha dicho nada sobre Lara Sumano, aunque política y formalmente depende de ellos. Sánchez es vocero del Presidente y responsable de medios en Los Pinos desde 2013, mientras que Chao es subsecretario de Normatividad.
De Tecnoradio nadie quiere hablar. Este grupo, que según Lara Sumano no tenía recursos, concursó con fuerza y elevó dramáticamente los costos. En general subió en 22% el precio del mercado con respecto a los valores mínimos, según Fernando Mejía Barquera, un experto en el tema. Empresarios de la industria aseguran que lo que pagó Tecnoradio hace inviable el modelo de negocios, con lo cual crecen las dudas sobre quién o quiénes están detrás, no sólo en términos legales, porque pueden ser testaferros, sino en términos reales. La opacidad es el nombre del juego en el peñismo, como sucede con Seguritech, de quien se hablará en la siguiente entrega.
