Desde el momento en que la Secretaría de Hacienda, que encabeza José Antonio Meade, anunció la metodología para determinar el precio de los combustibles en México, se han presentado una docena de iniciativas en el Congreso para eliminar el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS), reducirlo a la mitad o utilizar una parte de él (20%) para procurar mayor eficiencia en el transporte.
En el caso del PRI, salvo los diputados Ivonne Ortega, de Yucatán y Patricio Martínez, de Chihuahua, que van que vuelan para concretar su independencia partidaria, han propuesto la derogación del IEPS, y hasta ayer, Meade fue con los priistas, que preside Enrique Ochoa, a contarles las razones del aumento.
Morena, a través de los diputados Rocío Nahle y Mario Juárez, pide que se derogue la Reforma Energética y con ello que los hidrocarburos y la electricidad regresen a manos del sector público. Ayer, la diputada presentó una iniciativa para que el IEPS aplicable a los combustibles fósiles sea de 2.49 pesos por litro, lo que significa una reducción del 60 por ciento.
El diputado Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano es muy concreto y racional: destinar 20% de la recaudación del IEPS a movilidad no motorizada y transporte urbano público (pero es el único), porque el grupo está por interponer una controversia constitucional al argumentar que el artículo 12 transitorio de la Ley Federal de Ingresos que faculta al Ejecutivo a fijar los precios de los combustibles es inconstitucional porque ésa es una facultad exclusiva del Legislativo, reconocida en el artículo 73 de la Carta Magna.
En una segunda propuesta sugieren reducir el impuesto de manera que se sujete al octanaje del combustible. A mayor octanaje, menor impuesto (algo poco estimulante de la reducción de emisiones ambientales de CO2).
En el PRD hay un buen número de propuestas y van desde convocar a un periodo extraordinario de sesiones para revisar la Ley de Ingresos y revisar ahí la tasa del impuesto, otra propuesta de su grupo es “postergar indefinidamente la liberación del precio de los combustibles” y que siga determinado por Hacienda.
Hay otra propuesta del grupo de senadores del PRD que es verdaderamente complicada porque se plantea fijar el precio de la gasolina y del gas LP en función del porcentaje que representa el precio por litro del salario mínimo general vigente (de plano no entendieron ni siquiera su propuesta de reforma a la Ley de Salarios Mínimos y la creación de la Unidad de Medida y Actualización para evitar indexaciones nocivas de los precios de bienes y servicios).
Los panistas son un poco más contradictorios y traen de líder en el tema tanto al presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, como a la senadora Marcela Torres Peimbert (PAN), para que lo antes posible, la tercera comisión (la hacendaria) dictamine las iniciativas presentadas a fin de convocar a un periodo extraordinario que discuta el aumento a las gasolinas y le baje al impuesto.
En principio, el grupo parlamentario en diputados y senadores fijó su postura para reducir en 50% el impuesto a gasolinas, diesel y gas avión acorde con lo que dijo el presidente del partido, Ricardo Anaya, pero después se han pronunciado por la derogación del impuesto.
Pero después, se fueron con todo: eliminar el IEPS acorde con la propuesta de los senadores Marcela Torres, Francisco Búrquez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y Víctor Hermosillo, sin embargo, ayer presentaron otra propuesta para seguir dando preferencia en trato a los estados fronterizos al exigir que se homologue el precio del combustible (no sólo que tenga un incentivo), que le den créditos a los dueños de estaciones de servicios para modernizarlas (creo que la senadora no lee en los informes que recibe que este programa está vigente tanto en Nafin, de Jacques Rogozinski, como en los bancos comerciales desde hace dos años). ¡Ah!, también pide que les regresen el estímulo a los gasolineros lo más rápido posible.
Con esta relación, le pregunto amable lector: ninguno de los senadores y diputados que han participado y, menos los que han omitido realizar propuesta alguna, incluyendo a los disidentes del PRI, consideran que el IEPS de gasolinas se puede acreditar por el decreto publicado el lunes contra el IVA y el ISR, lo que implica que si los transportistas o el transporte urbano y de pasaje, o las empresas que usan flotillas, consumen gasolina, pueden acreditarlo.
Sólo que tienen que ser formales, o sea, no estar inscritos en las bases clientelares y sí en las bases tributarias, y bueno, a río revuelto, pareciera que detrás de este movimiento muy pronto veremos que regresan los que han dañado más al país usando la red de corrupción judicial para importar chatarra de Estados Unidos.
Si los senadores y diputados se dieran a la tarea de modernizar el parque vehicular, ordenar que efectivamente los 200 mil millones de pesos de ganancia por combustibles o la recuperación del ingreso por los costos de logística de Pemex son correctos, se utilicen como sugiere la OCDE para incentivar la construcción de plantas de refinación y mejorar la logística privada para el transporte de combustibles en todo el país.
Insisto, ¡ninguno ve que somos el cuarto consumidor de combustibles del mundo y, ¡nos ubican en movilidad y transporte urbano en la posición número 79 del mundo!
DE FONDOS A FONDO
#VaPorYucatán… una de las razones por las cuales en el calendario de liberación de gasolinas de la CRE, que preside Guillermo García Alcocer, mandaron al final a Yucatán, es porque justamente la península carece de infraestructura para mejorar el abasto de combustibles por mar.
De ahí que el acuerdo firmado ayer entre el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, para ampliar el Puerto Progreso, para convertirlo en centro de acopio y distribución de hidrocarburos en el sureste del país, no solo permitirá, junto con la rehabilitación del tren Chiapas-Mayab, que la región pueda recuperar su capacidad de desarrollo económico.
