El 2017 está llamado a ser un año significativo en la consolidación de la reforma a la Constitución Política en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, que entró en vigor a mediados del 2013.
Esta reforma se planteó y concretó con objetivos ambiciosos, elevando el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como a la banda ancha, al carácter de derechos fundamentales de los gobernados. Paralelamente al reconocimiento de la jerarquía que estas actividades revisten en la era digital, se modificó el andamiaje institucional para crear autoridades ad-hoc responsabilizadas de la conducción de este cambio estructural que visualizó al usuario como el beneficiario natural de las medidas y acciones que se deben materializar para lograr los objetivos inherentes a la reforma.
Las medidas principales se insertaron en el decreto mismo de reformas constitucionales, mismas que fueron detalladas en la legislación secundaria que emanó de la propia reforma.
Así, por ejemplo, en materia de contenidos audiovisuales, se obligó a los operadores de televisión radiodifundida y a los de televisión de paga, a permitir y realizar, respectivamente, la retransmisión de las señales de televisión abierta de forma íntegra y gratuita, en beneficio de la población. También, se llevó a cabo una licitación de dos cadenas nacionales de televisión digital terrestre radiodifundida, que se materializó en la entrada de un nuevo competidor a nivel nacional en este segmento del mercado, y que representa una nueva opción para la audiencia televidente del país.
La reforma reconoció, asimismo, mediante la creación de la figura de agente económico preponderante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, la necesidad imperante de avanzar en el campo de la competencia efectiva en el mercado, mediante la declaración de estos agentes dada la concentración que implica su participación de mercado y la necesidad de imponerles una regulación específica y asimétrica, con la finalidad de regular y disminuir su poder de mercado.
La declaratoria y regulación inicial de los agentes preponderantes ocurrió en los plazos previstos por el decreto de reformas constitucionales, sin embargo, la instrumentación de las medidas y mecanismos para lograr los efectos de esta regulación, respecto de su posición preeminente en los mercados de los sectores respectivos, ha tomado tiempo considerable, por lo cual su eficacia ha resultado hasta esta fecha sumamente limitada.
Durante el 2016, el órgano regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), inició la revisión de la efectividad de las medidas impuestas a los agentes preponderantes. Los resultados de este proceso aún no han sido anunciados, lo que habrá de suceder durante los primeros meses de este año.
A la luz de la concentración que priva en el mercado de las telecomunicaciones de nuestro país, se espera que la evaluación de la efectividad de las medidas de preponderancia que fueron impuestas reconozca, mediante la imposición de nuevas obligaciones, que aún hay mucho camino que recorrer para lograr la materialización de una competencia efectiva que facilite la consecución de los objetivos planteados por la reforma constitucional.
