El Foro Económico Mundial -World Economic Forum (WEF), una institución de talla internacional- acaba de publicar su reporte global sobre información y tecnología (Global Information Technology Report) que incluye 139 países y los datos que arroja sobre México son preocupantes.
Este reporte de amplia trascendencia, señala que en materia regulatoria para las comunicaciones en México, nuestra calificación ha caído de la mediocre posición #69 (de 139 países), en el 2015, a una peor: la #76 para este 2016.
Estamos en la mitad de los países con peores reguladores y regulaciones del mundo. Países como nuestros socios comerciales de América del Norte están en mucho mejor posición que nosotros: Estados Unidos #5 y Canadá #14. Desde luego, también nos aventajan todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Sucede lo mismo con otros países como Panamá, Uruguay, Costa Rica, Rusia, Tailandia o Mongolia.
Sólo aparecen peor calificados que México países que tienen (o han tenido) regímenes prácticamente dictatoriales para las comunicaciones y la tecnología de la información como Argentina (#89), Irán (#92), Egipto (#96), Venezuela (#108) o Nicaragua (#131), sólo por mencionar algunos.
La parte que peor registra en el estudio, y que por ende nos baja la calificación global, es la que deriva del ambiente regulatorio: “se percibe que éste se ha deteriorado en varios frentes, como la eficiencia del sistema legal para resolver disputas (posición #104) y la posibilidad de recurrir las decisiones regulatorias (#102)”.
Al venir de una institución con amplio prestigio, el reporte es en sí mismo delicado. Más embarazoso es saber que éste viene con el aval de un renombrado Consejo.
Ente los integrantes de este Consejo están, de la iniciativa privada: Jack Ma, CEO de Alibaba y consejero del banco japonés Softbank; Orit Gadiesh, presidenta de la consultoría Bain & Co.; Peter Brabeck-Letmathe, presidente del Consejo de Nestlé e Indra Nooyi, CEO de Pepsi Co. Y del sector financiero mundial están quienes en buena parte definen el destino económico del mundo: Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional; y Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, entre otros.
Es posible que la burocracia de estos organismos internacionales haya fallado en sus diagnósticos, pero dado el peso del WEF sería un error minimizar el peso del reporte.
Si le agregamos los escritos que la mayoría de los operadores de las comunicaciones en México (AT&T, Telefónica, Televisa, MegaCable, izzi, British Telecom, Alestra-Axtel y Maxcom, por citar algunos) enviaron a la consulta pública del IFT sobre preponderancia, queda claro que hay un sentimiento de falta de supervisión por parte del Instituto. Sencillamente alegan que no se cumple la letra de la ley. Si a ello le agregamos las críticas de la semana pasada, aireadas por los dueños de la radio —un sector tradicionalmente institucional— hacia las autoridades de la materia, queda la impresión que el WEF no anda tan mal en su diagnóstico.
Luego de lo anterior, ¿qué paso con la tan sonada Reforma en Telecomunicaciones?, ¿por qué hay quejas tanto de operadores nacionales como de organismos internacionales?, ¿acaso se aplicó mal la Reforma?
¿Acaso éste es el fin de las grandes reformas que como país nos dimos hace apenas dos años? La Reforma Energética no ha podido avanzar dado la caída en los precios del petróleo. La Reforma Educativa está bajo presión de ser anulada por un movimiento social y otro legislativo (PRD, Morena y PT) y ahora parece que la Reforma en Telecomunicaciones está en riesgo por las propias instituciones que la deberían cuidar.
Así, la narrativa de tres de las reformas del llamado “Pacto por México” está aún por escribirse, pero la cantaleta institucional de lo bueno que por sí misma fue la Reforma en Telecomunicaciones, claramente llegó a su fin.
Tanto el IFT como la SCT –y también los Tribunales Especializados en la materia – deberán hacer algo más que dar discursos si quieren trascender y que quede algún legado favorable de esta importante Reforma.
*El estudio se puede consultar en:http://reports.weforum.org/global-information-technology-report- 2016/
Cambiando de tema: El mensaje de ayer desde la Presidencia de la República anunciando impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una serie de leyes que estaban aprobando los Congresos de Veracruz y Quintana Roo, supuestamente para blindar a gobernadores salientes, es señal de que tampoco tendremos a nivel federal una Fiscalía General transexenal, como se había mandatado desde la Constitución. También es señal de que la SCJN será, más que nunca, el lugar donde se diriman los conflictos políticos, lo que habla mal de nuestra clase política.