Hoy hace exactamente dos semanas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de Gabriel Contreras concluyó la consulta pública sobre las medidas asimétricas impuestas al agente económico preponderante, léase Telmex-América Móvil (AMX), las empresas operadoras que controla Carlos Slim.
Es la primera vez que los competidores se explayan a fondo. Lo mismo Telefónica Movistar que lleva ahora Carlos Morales, que Megacable de Javier Bours, pasando por Alestra-Avantel de Tomás Milmo y Álvaro Fernández, Televisa de Emilio Azcárraga y Maxcom de Enrique Castillo Sánchez Mejorada.
También organizaciones gremiales como la Canieti que encabeza Mario de la Cruz y jugadores que están desembarcando con todo, como British Telecom que preside Gavin Patterson, y más enfáticamente AT&T, que lidera Randall L. Stephenson. Su análisis y comentarios no tienen desperdicio.
Dice el gigante que comanda aquí Thaddeus Arroyo que el dominio constante de AMX en el mercado mexicano de telecomunicaciones tiene sus raíces en el diseño institucional de la privatización del antiguo monopolio en telecomunicaciones operado por el Estado.
Con la privatización, a diferencia de otros mercados del mundo, el operador que se convertiría después en AMX recibe, además de su licencia de telecomunicaciones, la propiedad de infraestructura clave.
La única red nacional de microondas, la cual proveía acceso exclusivo a torres y varias bandas de microondas, que se restringió a los competidores entre 1990 y 1998, lo cual ayudó a Telcel a desplegar y mantener su infraestructura inalámbrica, especialmente en zonas remotas de México.
La única licencia y red de telecomunicaciones móviles con cobertura en todo el país hasta 1999, mientras que los competidores sólo podían operar en ciertas regiones de manera restringida.
Y el derecho exclusivo de acceso (o sea, derechos de vía) a postes, ductos y teléfonos públicos en las calles del país, cuya instalación se llevó a cabo durante décadas producto de las ventajas legales y de facto de tener un monopolio gubernamental en términos de licencias, permisos y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, con poca o nula interferencia de los gobiernos estatales o locales.
DE LO PERDIDO
Estos derechos fueron otorgados sin una regulación ex ante sobre su uso equitativo o competitivo, lo cual ha limitado el crecimiento de los competidores a pesar de sus importantes inversiones; además, esto le dio la fuerza a AMX para manipular la propia estructura legal y regulatoria para frustrar la declaración legal de como un agente dominante en el mercado durante más de 23 años de intentos fallidos por lograrlo.
De haber tenido éxito en esta tarea, hubiera sido posible imponerle regulaciones asimétricas mucho antes para lograr una competencia más efectiva en el sector de telecomunicaciones en México.
El marco de la Reforma de Telecomunicaciones de 2013 incluyó la declaración de AMX como agente económico preponderante (AEP) en el sector, así como la imposición de medidas asimétricas con el fin de evitar los efectos de la preponderancia en la competencia y la libre concurrencia.
Sin embargo, a pesar de la adopción de tales medidas regulatorias, AMX sigue manteniendo su posición dominante y ni el marco legislativo ni las regulaciones han impedido que su participación de mercado en el sector de telecomunicaciones siga creciendo.
FORZAR AL AEP
Sin estas medidas adicionales no será posible lograr las condiciones necesarias para una competencia efectiva.
La falta de competencia efectiva tiene un importante efecto negativo en el bienestar de la población mexicana y retrasa el progreso económico y, sin un cambio, esto continuará.
AT&T adquirió a Iusacell, Nextel y Unefon y emprendió un plan de inversión en infraestructura durante un periodo de tres años con el objetivo de expandir los servicios de 4G LTE de próxima generación para llegar a 100 millones de mexicanos.
Estas inversiones son muestra del compromiso de AT&T con el mercado y el país y tuvieron como base el mandato de la Constitución al IFT sobre su obligación de lograr condiciones de competencia efectiva y el compromiso de México con los procedimientos regulatorios y legales para lograr tal objetivo.
AHORA RESULTA
Pero a pesar de los mejores esfuerzos de AT&T por introducir más competencia en México, AMX ha mantenido su desmedida posición de mercado y ahora ha señalado que solicitará al IFT que le retire el carácter de AEP y/o extinga las medidas asimétricas que se le impusieron bajo el argumento, aparentemente, de que AT&T ha ingresado al mercado y el precio de los servicios inalámbricos ha disminuido.
Sin embargo, mientras haya un agente económico preponderante, la ley mexicana exige que se le impongan medidas asimétricas, como (1) aquellas impuestas automáticamente por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) a agentes económicos preponderantes, y (2) las medidas asimétricas que el IFT debe imponer a cualquier AEP para cumplir con el mandato constitucional y legal de evitar cualquier daño a la competencia y la libre concurrencia y, por lo tanto, a los usuarios finales.
