Miriam Posada García | La Jornada | 24 Marzo 2016
En las bases no se consideraron permisos, derechos de vía y otros.
El despacho Santa Marina y Steta puso en duda si habrá suficiente interés por participar en la licitación de la Red Compartida, debido a que en las bases de licitación no fueron considerados permisos, derechos de vía y acceso a infraestructura.
El especialista en telecomunicaciones Jorge León Orantes, socio de la firma, acotó que la banda de 700 megahercios (Mhz) que aportará el gobierno federal en este concurso es relevante, debido a que puede llevar servicios de telecomunicaciones móviles a zonas rurales debido a sus características de propagación. Sin embargo, alertó, en las bases de licitación se estableció que todos los permisos de terceros, gubernamentales o no, son responsabilidad del desarrollador de la Red Compartida, por lo que los costos asociados a elevar para tener una cobertura de 85 a 98 por ciento de la población, y los menores ingresos por clientes de las zonas rurales, “hacen cuestionable que los operadores estén incentivados para invertir en dichas áreas”.
La inversión privada para este proyecto se estima en 7 mil 500 millones de dólares, mientras la aportación del gobierno será el espectro de la banda de 700 Mhz, recuperado por el Estado como resultado de la transición a la televisión digital terrestre.
Jorge León Orantes señaló que “tras la publicación de las bases para la licitación de la adjudicación del proyecto de la Red Pública Compartida, surgen dudas sobre si será de interés para inversionistas nacionales y extranjeros, debido a que no fueron considerados los permisos, derechos de vía y acceso a infraestructura en la versión definitiva de las bases”.
Consideró que si bien los Habilitadores de la Estrategia Digital Nacional consisten en definir incentivos para la cobertura social de los operadores, “no es claro que estos incentivos se hayan contemplado en las bases del concurso de la Red Pública Compartida”.
De enero de este año a la fecha han adquirido las bases de licitación 18 empresas, lo cual no quiere decir que las 18 vayan a mantenerse en el proceso.
Para ser admitidos como participantes deben cumplir con una serie de requisitos, uno de los más importantes es obtener una opinión favorable del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en materia de competencia económica e influencia.
Aunque si los interesados obtienen esa opinión favorable del organismo regulador tampoco es garantía de que se mantengan en el concurso, como ocurrió en la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión.
