Gerardo Flores Ramírez | El Economista | 19 de enero de 2016
Al momento de aprobarse en el pleno del Senado de la República el decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, el 30 de abril del 2013, la perspectiva económica internacional a la que se enfrentaba nuestro país era completamente distinta a la que hoy se vislumbra. El comentario tiene estrecha relación con la disposición transitoria que se incluyó en dicho decreto, por la cual se estableció que el Estado, a través del Ejecutivo federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debe garantizar la instalación de una red compartida de telecomunicaciones que aproveche al menos 90 megahercios de la banda de 700 mHz.
En aquel entonces, algunas variables centrales para las finanzas públicas de nuestro país se ubicaban en un contexto muy diferente al que observamos por ejemplo; sin mencionar que de acuerdo con su evolución reciente, es probable que se muevan aun más. Me refiero concretamente al precio del petróleo, respecto del que el 30 de abril del 2013 el barril de crudo Brent se cotizó en el mercado spot en 102.88 dólares. Ese mismo indicador se ubicó en 28.69 dólares por barril, lo que significa una caída acumulada de 72% en apenas 21 meses. Cabe mencionar que los pronósticos apuntan a que la cotización de este tipo de crudo disminuirá aun más hacia fines de este año y principios del próximo, y que a partir de ahí la recuperación será relativamente lenta.
En aquel momento podría considerarse que el gobierno de México estaba en una posición cómoda para entregar una porción del espectro radioeléctrico de enorme valor —por el apetito que despierta entre los operadores de telecomunicaciones móviles, en cualquier parte del mundo—, pues el precio del petróleo no representaba una posible contingencia para el flujo de ingresos del gobierno federal. Si bien es cierto que la reforma hacendaria del 2013 mejoró la estructura de ingresos del gobierno federal de manera sustancial, también lo es que fue muy oportuna, pues ayudó al gobierno a compensar la importante caída por ingresos petroleros.
Ahora bien, en este momento, los ingresos que el erario federal podría recibir por concesionar vía concurso público a diversos concesionarios las frecuencias de la banda de 700 MHz representarían un ingreso nada despreciable que también contribuiría a compensar la caída de los ingresos petroleros. Si a esto agregamos que la evolución prevista para la cobertura territorial dentro del proyecto de red compartida que explotará esta banda no es muy distinto del que podría exigirse a operadores privados, se puede pensar que el costo de oportunidad para el erario federal de asignar este valioso recurso a este proyecto es muy alto.
Por otra parte, es indispensable no perder de vista que en el mismo lapso de 21 meses referido arriba, los bonos del gobierno de Estados Unidos a 10 años, pasaron de cotizarse con una tasa de interés de 1.70%, a una tasa de 2.03%, un incremento de 19.4% en ese periodo. Ante un incremento en esta tasa, cualquier proyecto de inversión evaluado en este lapso de tiempo se enfrenta a una complicación seria, sobre todo si un bono con un casi nulo nivel de incertidumbre está pagando mayores rendimientos.
Entonces, por un lado está el elevado costo de oportunidad que sufrirá el erario federal derivado de la obligación de desplegar la red compartida que quedó incorporada en la Constitución, como resultado de una exigencia del Partido Acción Nacional, y por otro, el mayor grado de incertidumbre por invertir en proyectos de infraestructura de largo plazo frente a la evolución de los mercados de bonos para los próximos meses. Todo esto significa que la red compartida en la banda de 700 mHz enfrenta un escenario cada vez más complicado.
