Leticia Robles de la Rosa y Roberto José Pacheco | Dinero en Imagen | 23 de Octubre 2015
Los grupos parlamentarios del PAN y el PRD presentaron sus iniciativas de reforma constitucional para prorrogar el apagón analógico, con el agregado de la prohibición de su uso electoral
CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos parlamentarios del PAN y el PRD presentaron sus iniciativas de reforma constitucional para prorrogar el apagón analógico, con el agregado de la prohibición de su uso electoral, por lo que los panistas plantearon que el gobierno federal no podrá distribuir las pantallas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del próximo año.
Javier Lozano presentó la iniciativa de los panistas, referente al Quinto Transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que deja las disposiciones actuales, salvo que la fecha del apagón analógico será el 31 de diciembre de 2016; que los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida estarán obligados a hacer las inversiones necesarias para concretarla y a devolver las frecuencias que usaron.
Añade que “con el fin de garantizar la equidad en los procesos electorales, no se permitirá la distribución o entrega, bajo cualquier modalidad o forma legal, de equipos receptores o decodificadores, durante el periodo que inicia el 1 de enero de 2016 y concluye el 30 de junio de 2016. Tampoco se permitirá en dicho plazo las campañas de difusión o promoción relativa a la distribución o entrega de equipos.
“Con posterioridad a la fecha comicial del 4 de junio de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá, de contar con recursos para ello, distribuir exclusivamente decodificadores en las ciudades que existan faltantes para cubrir el 90 por ciento de los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social”, dice.
Un semestre
Dolores Padierna y Angélica de la Peña están en contra de la prórroga, los perredistas presentaron su iniciativa, en voz de Zoé Robledo, quien planteó ampliar el plazo seis meses, pues cambia la fecha al 30 de junio del 2016, ya no el 31 de diciembre de ese año.
Esta reforma requiere del voto de las dos terceras partes del pleno del Senado, de la Cámara de Diputados y del voto afirmativo de al menos 17 Congresos estatales.
