Durante varios meses, un considerable número de columnistas nos preguntamos quién estaba detrás de la empresa Tecnoradio, ganadora del mayor número de estaciones de radio en la pasada licitación —37 frecuencias para ser exactos— y que pagó por ellas la cantidad de $288 millones de pesos, elevando el valor de referencia en más de 3,400% y dejando fuera a importantes grupos radiofónicos nacionales como Fórmula, ACIR o MVS Radio, así como a prácticamente toda la radio independiente.
A pesar de las dudas sobre esta empresa, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y muchos analistas —yo entre ellos— celebraron la llegada de este “nuevo entrante” que daría más pluralidad a la industria radiofónica nacional. Sin embargo, hoy le podemos informar que Tecnoradio no es ningún nuevo entrante, es en realidad una empresa con todo tipo de vínculos con el grupo radiofónico nacional más grande del país: Radiorama. Y, en particular, con uno de sus socios: Don Javier Pérez de Anda.
Luego de haber investigado a Tecnoradio y a sus accionistas, y después de haber recibido información de fuentes oficiales de alto nivel, le podemos confirmar que el presidente de Tecnoradio, Alí Eduardo Bañuelos, está casado con Viviana Toscano (la Vivis), sobrina de Javier Pérez de Anda por el matrimonio de éste con la señora Rebeca Margarita Toscano.
Asimismo, la Vivis es prima hermana de las tres hijas de Javier Pérez de Anda, las cuales son también accionistas de estaciones de Radiorama, de tal modo que existe parentesco por afinidad y consanguinidad en tercer grado entre el presidente de Tecnoradio y varios accionistas de Radiorama, situación que la licitación de radio IFT-4 obligaba a notificar según el inciso 4, Apéndice E del formulario ideado para poder identificar a los verdaderos grupos de interés económico detrás y evaluar su participación. Justamente este parentesco no habría sido revelado para poder aparecer como “nuevos entrantes” y con ello, hacerse acreedores de un descuento de 15%, lo que le significó a Tecnoradio ahorros por unos $40 millones de pesos a costa de la recaudación de la hacienda pública.
Con los vínculos familiares revelados, todas las piezas empiezan a encajar: a) en 2011, dos asesores de Radiorama crearon la empresa Tecnoradio para administrar y operar estaciones de radiodifusión. En Radiorama les ofrecieron darles concesiones como pago por sus servicios, pero eso nunca se concretó. Cuando seis años después a algunos socios y amigos de Radiorama se les ocurrió ir por más estaciones de radio, vieron fácil usar una empresa que, aunque inactiva, ya conocían, por lo que ni siquiera se preocuparon por crear una nueva. Así, con Tecnoradio se inscribieron el último día posible (el 29 de julio de 2016) para participar en la primera licitación de radio organizada por el IFT.
b) Siempre se trató de mantener en secrecía la identidad de los verdaderos socios, incluso la Delegada Especial encargada de la protocolización de nuevos socios de Tecnoradio ante el Notario #117 nos declaró que no sabía ninguna “información relacionada a la misma o a sus socios actuales”.
c) El domicilio del presidente de Tecnoradio, Alí Eduardo Bañuelos, en Hacienda de las Palmas en el Estado de México, está lejos de ser el de un pujante empresario con capacidad de pagar $288 millones de pesos al IFT por concepto de concesiones, a lo que se tendrían que sumar otros $300 millones de pesos para montar la infraestructura radiofónica. Desde luego, el perfil tampoco encaja con el de alguien que ganó de la SCT un contrato por $14 mil millones por la entrega de 5 millones de televisores digitales (ver mi artículo del pasado 28 de marzo). Así, ahora se revela que la familia política de Alí Eduardo Bañuelos es la verdadera interesada en las frecuencias de radio. Por cierto, el “presidente” de Tecnoradio no aceptó entrevista alguna.
d) Información oficial da cuenta de que otro sobrino de Javier Pérez de Anda, esta vez por el lado paterno, también tiene relaciones de negocios con los otros socios accionistas de Tecnoradio.
e) El otro socio fundador de Radiorama, Adrián Pereda, emitió un comunicado el pasado 11 de abril señalando que ni él “ni ninguno de los miembros de mi familia” participaban en Tecnoradio. Estaba diciendo la verdad. No hay información alguna que vincule a la familia Pereda.
f) En cambio, Gabriel Rihan, esposo de Jacky Pérez Toscano (y yerno del señor Pérez de Anda) estuvo muy activo hablando a algunos medios de comunicación para pedirles que no sacaran información de Tecnoradio e incluso buscó asesoría estratégica para enfrentar la crisis mediática por ruido mediático que generó Tecnoradio con autoridades y periodistas.
¿Por qué hicieron esto? Las razones podrían ser varias: Radiorama está enfrentando una escisión entre sus socios, las familias Pérez de Anda, Pereda y Sanabria. De hecho, ya se repartieron las estaciones entre cada familia e incluso han iniciando una férrea competencia entre ellas. Contar con nuevas estaciones de radio permitiría a la familia Pérez-Toscano recuperar y ampliar su cobertura radiofónica, pero la obtención del beneplácito del IFT por cuestiones de competencia y por una concentración notificada tardíamente respecto de estaciones de Grupo ACIR se veía complicado para los accionistas de Radiorama.
En cambio, el no ser ubicados como accionistas de Radiorama les daría acceso al incentivo del descuento millonario para “nuevos entrantes”. Quizá por esto prefirieron mantenerse reservados y no notificarlo al IFT, que obligaba a informar sobre parentescos de “hasta el cuarto grado”, un grado más de los arriba mencionados.
También es posible que el presidente de Tecnoradio, Alí Eduardo Bañuelos, y sus socios —todos vinculados a una parte de Radiorama— decidieran sacar provecho de sus relaciones con el grupo que ostenta el mayor número de estaciones de radio en el país y no alertar puntualmente a Don Javier Pérez de Anda sobre la información que estaban omitiendo. De hecho, entrevistado, Don Javier Pérez de Anda dijo sí saber de restricciones, pero no que aplicasen hasta el tercer o cuarto grado. Lo que, al incumplir la disposición, pone en escenario de incumplimiento con la licitación a Tecnoradio.
¿Qué sigue? El IFT tendrá que investigar lo aquí señalado. Una vez documentado oficialmente Tecnoradio podría ser descalificado del proceso y las 37 frecuencias que ganó se ofrecerían a quienes hubieran quedado en segundo lugar en cada plaza. Además, conforme a las bases de la licitación, Tecnoradio se podría hacer acreedor a multas de acuerdo a la Ley de Competencia.
Sin embargo, la afectación del proceso licitatorio podría ser mayor, pues Tecnoradio participó y afectó las pujas de las subastas en 67 plazas, encareciendo en éstas el valor de cada licitación, con lo que cualquier participante podría buscar la nulidad de estas 67 licitaciones.
Desde luego, en lo futuro el IFT tendrá que fortalecer sus capacidades de investigación para evitar que los participantes saquen provecho indebido escondiendo o alterando información. No hacerlo pone en desventaja al resto de los competidores e inhibe que “nuevos entrantes” se hagan de frecuencias para acrecentar la pluralidad mediática en el país. De hecho, este penoso episodio pone en riesgo la seriedad de todas las licitaciones del IFT.
Lo de Tecnoradio es un claro ejemplo de que las buenas intenciones del IFT para hacer avanzar la competencia pueden fracasar sin una adecuada supervisión. El caso generó suspicacias desde el inicio. Habrá que ver cómo el IFT resuelve el fraude a sus propias bases de licitación y evita en lo futuro que se lo vuelvan a hacer.
